Por Cristian José Torres Torres
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 29, nos enseña que toda actuación judicial se debe ceñir a un debido proceso, y que de no aplicarse ese sería violentar derechos fundamentales y procesales que llevaría a declarar dicha actuación ilícita.
Lo más importante de esa norma es lo que atañe al procedimiento penal y la presunción de inocencia reinante en nuestro sistema acusatorio, traducido a uno de los estribillos jurídicos más conocidos en Colombia por propios y extraños del Derecho: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”.
Pero, aún así, este es el principio legal más olvidado y manoseado del país, y más aún por la política colombiana, que lo recuerda y se apropia de él cuando le conviene según sus particulares intereses, y sobre todo en campaña. En todos los casos, este principio termina siendo un arma para defenderse o atacar, pero en muy pocos casos se usa para respetar al prójimo.
En estos tiempos de campañas políticas vemos que a algunos candidatos al Congreso y la Presidencia de la República se les han “destapado” varios escándalos que podrían recalar en procesos penales, como el muy sonado caso del empresario y precandidato presidencial Alejandro Char con respecto a que la exsenadora y hoy prófuga de la justicia Aida Merlano, quien declaró no solo haber tenido una relación sentimental con él sino que, además, la familia de este, conocida como la Casa Política de los Char, tiene una mafia de compra de votos en la Costa Caribe para elegir a los candidatos que estos quisieran.
Ante ello, de manera casi que inmediata, sus rivales políticos y los seguidores de estos aprovecharon la coyuntura para pedir que el exalcalde de Barranquilla renunciara a su aspiración y al tiempo que se declarara su culpa en los delitos señalados por la exsenadora Merlano. Es decir, que se le condenara, sin tener en cuenta el principio de inocencia que debe prevalecer en todo proceso penal hasta tanto no exista sentencia condenatoria.
De esa forma tan cuestionada actuaron Sergio Fajardo junto a la Coalición de La Esperanza, y Gustavo Petro junto al Pacto Histórico y los seguidores de estos. Extrañamente, sin embargo, estos últimos no actuaron de igual manera cuando precisamente al candidato Fajardo se le acusaba por lo ocurrido en Ituango y su problema fiscal por hacer prestamos en dólares cuando fue gobernador de Antioquia, por el que recientemente fue imputado. O, en el caso del candidato Petro, cuando fue alcalde de Bogotá y tuvo problemas judiciales por unos camiones de basura que adquirió; o el sonado caso de las bolsas de dinero ‘clandestinas’ recibidas cuando aspiró a la Presidencia en el año 2010. En dichos casos los mencionados y sus seguidores sí pedían que se respetara el principio de inocencia y el debido proceso, y que se brindaran todas las garantías para que estos ejercieran su defensa. Estos actos demuestran incongruencia y denotan que muchos -candidatos, conmilitones y seguidores – se dejan llevar por la pasión que generan las ideologías políticas.
Igual circunstancia ocurrió con la candidata al Senado Piedad Córdoba, militante del Pacto Histórico, cuando uno de esos exasesores declaró que su antigua jefa se lucraba económicamente cuando realizaba labores humanitarias de liberación de las personas secuestradas por el grupo armado ilegal Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-. El exasesor dijo que la hoy aspirante al Congreso de la República pretendió aprovecharse de la liberación de la hoy candidata a la Presidencia del la Republica Ingrid Betancourt, quien -como se sabe – estuvo en cautiverio desde el año 2002 a 2008 por la guerrilla antes mencionada. Y todo esto llevó a que los rivales de la señora Córdoba, y candidatos también al Senado, pidieran lo mismo que en el caso de Alejandro Char: es decir, que se la condenara sin ser vencida en juicio oral y público, y que tratara como culpable a quien, por principio, debe considerarse inocente.
Estos casos no solo son indicadores de lo que la costumbre política colombiana nos hace decir: “eso pasa siempre en campaña” o “es normal que entre rivales se tiren los trapos a el agua”, sino que son los que dan fuerza y motivos para sentenciar, tal como se dispuso en el título de esta columna: que el principio de inocencia está siendo manoseado por la política colombiana, y lastimosamente no solo por los actores directos de esta, como son los candidatos y líderes, sino también por quienes los secundan, es decir sus seguidores y/o electores, pues por pasión, gustos y muchas veces intereses terminan haciendo lo mismo: menospreciar la Constitución y su bello artículo 29.
Innumerables ciudadanos, cuando se trata de los rivales de su candidatos, soslayan el principio de inocencia y el debido proceso, y exigen condenas y los llaman delincuentes sin que en ocasiones exista por lo menos una denuncia, querella o petición especial en la Fiscalía General de Nación para dar apertura a un proceso.
Empero, cuando se tratan de los candidatos a quienes apoyan sí vemos cómo se rasgan las vestiduras, y hacen protestas, caravanas y manifestaciones en redes sociales solicitando que se respeten todas las garantías propias de un proceso penal; que se haga una valoración objetiva de las pruebas y, sobre todo, que no se les llame culpables -claro está, como debe ser – porque todavía son inocentes, en razón a que no existe una sentencia condenatoria.
A eso es que llamamos ‘manoseo’ del principio de inocencia por la política colombiana, pues las garantías deben ser para todos los ciudadanos. La ley no da exclusividad según posición económica o ideología política.
Olvidan algunos, cuando recaen en lo que aquí se denuncia, que un proceso penal es quizás el escenario más horrible al que se pueda exponer a un ser humano, pues se encuentra en juego el derecho fundamental más importante después de la vida, como es la libertad. Y si, de entrada, a este no se le brindan las garantías que la misma Ley exige tanto a jueces como a los ciudadanos, ya que se le señala como culpable por perversas consideraciones políticas, mayor será el sufrimiento de quien esté siendo investigado.
Pasan por alto muchos individuos que un proceso penal puede tocarnos la puerta a todos. Nadie está excepto de ser acusado de la comisión de un delito. Olvidan que los únicos punibles no son los que comenten los políticos y funcionarios corruptos; hay múltiples conductas que se consideran delictuales para la Ley, en las cuales de manera imprudente cualquiera puede caer. Por eso, todos los que estén sindicados de haber ejecutado una de estas conductas debe contar con el mismo derecho al debido proceso y al principio de inocencia que nos indican la Constitución Política y la Ley Penal.
Para concluir: la invitación es a respetar los principios legales y recordar que estos no son exclusivos como garantías cuando se trata de un familiar, amigo, conocido o político que se apoya. Lo es para todos, porque se trata de respetar los derechos humanos que nuestra misma Constitución resalta.
Así que, señores: evitemos el manoseo y respetemos más los derechos de todos.
