La Federación Colombiana de Ganadería (Fedegan) recuerda que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción de 21.000 millones de pesos a varias empresas lecheras por vender lactosuero bajo la denominación de leche entera. Este subproducto de la leche, utilizado ilegalmente para reemplazarla, ha causado un gran revuelo en la industria láctea colombiana, revelando prácticas fraudulentas que afectan tanto a los productores como a los consumidores. La multa tiene un impacto significativo en los ganaderos, quienes ven reducida la demanda de leche cruda debido al uso del lactosuero. Al sustituir la leche entera por lactosuero, los productores de leche reciben menos compra de su producto, lo que también provoca una disminución en el precio del litro de leche, afectando sus ingresos y la sostenibilidad de sus negocios. Por otro lado, los consumidores se ven perjudicados por el engaño. Aunque pagan lo mismo por un litro de leche, lo que reciben no es leche entera, sino un producto de menor calidad, sin el sabor y la textura que los consumidores esperan. Esto genera desconfianza y decepción en los consumidores, quienes no obtienen el producto por el cual están pagando. Este escándalo pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar los controles y la transparencia en la industria láctea. La sanción impuesta por la SIC es un paso importante para garantizar la calidad de los productos y la protección de los derechos de los consumidores, buscando que situaciones como esta no se repitan en el futuro.

Sandra Ortiz, exconcejera presidencial, es mandada a la cárcel por estar involucrada en escándalo Ungrd Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, es enviada a la cárcel de Buen Pastor en Bogotá por entrega de coimas a Iván Name y Andrés Calle en el caso de la Ungrd. La decisión estuvo a cargo de la Jueza Tercera Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá. Según manifiesta el ente disciplinario, la exconcejera habría jugado un papel importante en el desfalco de los fondos que disponía Gestión de Riesgos para la comunidad indígena de La Guajira. Es de resaltar, que la defensa de Ortiz, en cabeza de Oswaldo Medina, indica que, la Fiscalía presionó para que la acusada firmara un principio de oportunidad y omitió la difícil situación emocional que pasaba la acusada.  «Acciones como esta no solo comprende a las personas involucradas sobre los hechos, sino que también la legitimidad de las más altas instituciones del Estado», afirmó delegado del ministerio público.

Tras los   constantes problemas de energía eléctrica, gas, alcantarillado, y otros, el Comité Popular de Usuarios de Servicios Públicos se pronunció.  “Hemos planteado que la prestación de los servicios públicos domiciliarios tenga una función social, que haya participación y se establezcan normas que nos vuelvan a hacer usuarios y no clientes. Hoy estamos gastando más en servicios que en comida”, mencionó Román Torres, integrante de esta comisión. Según se conoce, buscan establecer mesas de trabajo con cada una de las empresas prestadoras de servicios y comenzar a hacer propuestas frente a las inconformidades que tienen los cartageneros. En cuanto al servicio de energía, los usuarios afirman que se les estaría cobrando deudas que tenían con la antigua empresa Electricaribe. Aseguran que el problema con este servicio va más allá y  que realmente pasa por las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y privatización del servicio. Piden claridad en las revisiones periódicas y puntos de atención al usuario.