La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido al Canal del Dique, ubicado en el norte de Colombia, como víctima del conflicto armado. Este cuerpo de agua, que conecta Cartagena de Indias con el río Magdalena, fue utilizado durante años para arrojar los cuerpos de personas asesinadas, principalmente por grupos paramilitares. La acreditación responde a una solicitud de la Ruta del Cimarronaje, una plataforma que agrupa a más de 200 organizaciones étnicas de la cuenca. La magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, destacó en un acto en Cartagena que este reconocimiento se debe a los informes presentados por las víctimas, en su mayoría afrodescendientes, que permitieron activar las competencias de la JEP. Valencia subrayó que, según el acuerdo de paz con las extintas FARC, se debe reconocer el impacto desproporcionado del conflicto en las comunidades étnicas y visibilizar las diversas violencias sufridas. Además, recordó que el Canal del Dique ha sido denominado por la Comisión de la Verdad como «el cementerio acuático más grande de Colombia». A pesar de la disminución de la violencia tras la firma del acuerdo de paz en 2016, el Canal del Dique sigue siendo utilizado para deshacerse de cadáveres, perpetuando el terror en la región. Las comunidades locales han reportado amenazas e intimidaciones para que no continúen con sus denuncias, lo que ha llevado a que algunas víctimas soliciten y reciban medidas de protección por parte del Estado. Aura Camargo, coordinadora de la Ruta del Cimarronaje, enfatizó la importancia de reconocer al Canal del Dique como sujeto de derecho debido a las múltiples afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo desapariciones forzadas, desplazamientos y homicidios, así como el control ejercido por grupos armados en el territorio. Camargo también instó al Estado a reconocer los daños en el desarrollo económico, cultural, político y ambiental de la región. Este reconocimiento por parte de la JEP representa un paso significativo en la reparación y visibilización de las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia, especialmente en territorios históricamente marginados como el Canal del Dique.

En un nuevo episodio de violencia en el municipio de Turbaco, la tranquilidad de la comunidad se vio abruptamente interrumpida el miércoles 31 de julio, cuando Karina Jaramillo Guzmán de 48 años y madre de cuatro hijos, fue asesinada a balazos en plena vía pública. El incidente ocurrió alrededor de las 5:45 de la tarde en la calle San Pablo sector El Carmen. Testigos presenciales informaron que dos individuos en una motocicleta dispararon de manera indiscriminada contra Jaramillo Guzmán, quien no sobrevivió a los impactos. Según las primeras investigaciones, la mujer recibió al menos tres balazos antes de que los agresores huyeran rápidamente del lugar. Las autoridades están trabajando para esclarecer los detalles del crimen y determinar los motivos detrás del asesinato. Aunque ya circulan diversas hipótesis entre la comunidad, las autoridades aún no han confirmado ninguna. Este ataque se suma a una serie de recientes hechos violentos en la región. Solo una semana antes, el 23 de julio, el mototaxista Wilfredo Hueto fue víctima de un ataque similar mientras se encontraba en su hogar con su familia. Estos eventos han intensificado la preocupación por una creciente ola de violencia en Turbaco.