Tras la aprobación de reductores de velocidad ubicados, precisamente en la Ruta Costera a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el pasado 12 de diciembre del 2024, con el objetivo de reducir la alta accidentalidad vial en la zona hoy, 24 de febrero, la Alcaldía de Cartagena desde el Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes, se procede a la eliminación de los mismos por complicaciones en desajustes en amortiguaciones de carros.  Como respuesta, y entre los acuerdos llegados junto con la comunidad de la La Boquilla se instalará una señalización. Específicamente, en al zona peatonal y escolar del corregimiento.  En ese sentido, y como parte del trabajo, se harán una reestructuración de bandas, para dejar un espacio entre bandas. Se retirarán por completos las dos primeras franjas antes del retorno a Zona Norte, sentido a Barranquilla; y, en su lugar, el DATT pintará líneas horizontales que persuadan a los conductores para que bajen la velocidad. Cabe resaltar que en los laterales seguirán los reductores para evitar el exceso de velocidad de motociclistas en contravía. Y en las otras dos secciones, más cercanas a La Boquilla, se eliminarán parcialmente, reduciendo las líneas de reductores para buscar un equilibrio entre control de velocidad y protección a los vehículos.

El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, denunció el secuestro del productor ganadero Luis Hernando Peña Rodríguez en el municipio de Pailitas, departamento del Cesar, hecho que atribuyó presuntamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este suceso se suma a otros casos recientes, como el secuestro de cinco ganaderos en zona rural de Puerto Rondón, Arauca, y el caso del productor Cristian Serrano, privado de la libertad en noviembre de 2024, quien fue liberado mediante un canje por su hermana. A través de sus redes sociales, Lafaurie informó que el vehículo del ganadero Peña fue hallado abandonado hacia las 2:00 p.m. y que las autoridades competentes ya adelantan las acciones correspondientes. Fedegán manifestó solidaridad con la familia del productor e hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades para que se garantice su regreso. En paralelo, el dirigente gremial se refirió a las recientes invasiones a predios ganaderos en distintos puntos del país. Según Lafaurie, detrás de estas acciones hay una estrategia organizada por grupos que se identifican como “recuperadores de la tierra”, y que cuentan con respaldo de algunas organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Coordinador Nacional Agrario (CNA). En su columna publicada en medios nacionales, el presidente de Fedegán identificó tres elementos comunes en estos procesos: el respaldo de ONG que agrupan comunidades rurales bajo la bandera de la recuperación de tierras; la presencia de agitadores que promueven discursos políticos entre los ocupantes; y el papel de las denominadas Guardias Campesinas, que actúan de manera organizada. Lafaurie también se refirió a la distribución de tierras en el país. Citó cifras del censo de 2018 para afirmar que los pueblos indígenas, que representan el 4,4 % de la población, son propietarios de 39 millones de hectáreas. Cuestionó que la ampliación de resguardos siga siendo una demanda activa y señaló que las comunidades indígenas cuentan con justicia especial y mecanismos de contratación directa con el Estado, habilitados desde gobiernos anteriores.

Los alcaldes de Cartagena, Dumek Turbay, y de Barranquilla, Alejandro Char, han unido esfuerzos en la lucha contra el cobro de valorización a predios ubicados a lo largo de la Vía del Mar, la carretera que conecta ambas ciudades, esta medida forma parte de una demanda liderada por el senador Mauricio Gómez y respaldada por los Concejos de Cartagena y Barranquilla, además de ciudadanos afectados. Ambos mandatarios han solicitado a la Corte Constitucional tumbar esta medida, que consideran injusta para los ciudadanos de los departamentos de Bolívar y Atlántico. La propuesta de valorización, liderada por el Instituto Nacional de Vías (Invías), afectaría a más de 143.000 predios en ambos departamentos, y su implementación está contenida en el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023. Según los opositores de esta medida, la valorización generaría un impacto económico de 2.4 billones de pesos, lo que podría tener graves consecuencias para los propietarios de terrenos en municipios como Cartagena, Barranquilla, Soledad, Malambo, Bocagrande, Manga y El Laguito, entre otros. El respaldo de los dos alcaldes a la demanda ha sido crucial, ya que ambos firmaron la coadyuvancia a la acción constitucional liderada por el senador Gómez, quien agradeció públicamente el apoyo de Char y Turbay, así como el de casi 5,000 ciudadanos que ya han firmado a favor de la causa.