En medio de un incremento en los índices de criminalidad en Cartagena, el secretario del interior del departamento de Bolívar, Javier Doria, abordó en una reciente entrevista con el Noticiero Popular de La Cariñosa la inquietud ciudadana sobre la posible militarización de la ciudad. Doria enfatizó que la función del ejército y la policía es distinta y complementaria, pero no intercambiable. El secretario explicó que la Policía está encargada de la vigilancia, protección y prevención del delito, mientras que las fuerzas militares se dedican a salvaguardar la soberanía nacional. En este sentido, Doria subrayó que actualmente no existe ninguna ciudad en Colombia bajo un estado de militarización, ya que la responsabilidad primaria en el mantenimiento del orden recae en la Policía. A pesar de la situación crítica de seguridad, Doria propuso fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia de la Policía Metropolitana de Cartagena, sugiriendo que el apoyo del ejército y la armada debe ser excepcional y no habitual. «La policía no puede estar en todas partes, pero eso no justifica una sustitución permanente por parte de las fuerzas militares», afirmó.

La fotografía que acompaña esta nota es un testimonio visual invaluable que documenta un momento crucial en la historia de Cartagena. En la imagen se observa una sección de la muralla antes de ser demolida, una estructura que, durante siglos, cumplió un papel esencial en la defensa de la ciudad. A la derecha de la fotografía se destaca una garita que formaba parte de la muralla, y que, lamentablemente, ya no existe en la zona de la Torre del Reloj. Este elemento, junto con la muralla misma, representa un legado arquitectónico que ha desaparecido con el paso del tiempo, dejando una huella en el recuerdo colectivo de los cartageneros. Luego del esplendor de ‘La Heroica’, a mediados del siglo XVIII, la modernidad comenzó a poner en jaque la majestuosa estructura de las murallas de Cartagena. La fortificación que se había ideado con el objetivo de defender la ciudad de ataques piratas y otras amenazas, poco a poco perdió su función ante el avance de la ciudad y los cambios en las dinámicas sociales y económicas. A medida que el tiempo avanzaba, la muralla comenzó a ser vista como un obstáculo para el crecimiento y desarrollo urbano. Fue a inicios del siglo XX cuando los gobernantes de la ciudad, entre ellos el alcalde Enrique Grau Vélez, consideraron que las murallas ya no cumplían con la función para la que fueron construidas. La estructura, que en su momento fue un emblema de resistencia y seguridad, se encontraba en un estado de deterioro considerable, y se veía más como un estorbo para el progreso de la ciudad. En este contexto, y con el aplauso generalizado de la comunidad, se ordenó la demolición de una parte significativa de la muralla, específicamente la sección ubicada entre la Boca del Puente