El pasado 2 de noviembre, se llevó a cabo la demolición de la torre Aquarela, ubicada cerca del Castillo San Felipe, esta decisión fue tomada por el Distrito ante el riesgo que el proyecto representaba para el estatus de la ciudad como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la Unesco hace 40 años. Sin embargo, tras el derrumbe, la incertidumbre persiste para los compradores de los apartamentos de Aquarela, quienes invirtieron sus recursos en lo que prometía ser su hogar, y ahora, esperan que el Distrito de Cartagena les ofrezca una solución clara sobre cómo y cuándo recibirán una compensación por la pérdida de su inversión. Ante esto, el agente interventor del proyecto, Ángel Rodríguez Sánchez, dio a conocer los pasos a seguir para atender a las víctimas, según explicó, el proceso iniciará con un levantamiento topográfico que permitirá identificar y demarcar los lotes que están a nombre de la promotora del proyecto. “Vamos a hacer el levantamiento topográfico para poder demarcar hasta dónde está cada uno de los lotes que está a nombre de la promotora, para ver si eso ya se puede enajenar. Pero, los que están a nombre de la fiducia o el encargo fiduciario Aquarela, tocará liquidar el patrimonio autónomo que en este caso es Aquarela y, en ese orden de ideas, que la fiducia le dé lo que le corresponde a la constructora y así poder enajenarlo para comenzar la reparación de víctimas”, indicó Rodríguez Sánchez. El objetivo de este proceso es que, una vez se identifiquen y enajenen los bienes, los recursos obtenidos se destinen a la compensación económica de los afectados. Sin embargo, el proceso podría extenderse durante varios meses, dependiendo de la complejidad de la liquidación del patrimonio autónomo y de la disponibilidad de los recursos. Las víctimas del proyecto han exigido transparencia y celeridad en el proceso de reparación, dado que muchos de ellos han visto comprometidos sus ahorros de toda la vida, mientras tanto, las autoridades locales estan al pendiente de garantizar que los derechos de los afectados sean protegidos y que se realice una distribución justa de los recursos.

Desde hace 5 meses, Antonio Güetto Pérez, se encuentra recluido en la cárcel San Sebastián de Ternera por un supuesto abuso sexual de dos menores de edad el pasado 6 de junio del presente año.  Tal y como indica la investigación preliminar, Güetto Pérez, taxista, habría recogido a las dos menores de edad en el barrio Olaya, sector Ricaurte, con destino a Villas de Aranjuez. Cuando llegaron a su destino, las dos niñas, al no encontrar donde dormir, le habrían pedido que no las dejara solas y que las llevara a un lugar para pasar la noche como manifiestan familiares del hombre. Mientras Güetto decidía qué se iba a hacer con las dos menores, seguía haciendo su trabajo con los populares «colectivos». Cuando pasaba por la Avenida Santander, fue por dos policías, quienes al detectar un olor a sustancias psicoactivas, le pidieron al se señor y interrogaron a una de ellas que indicaron que, este, les ofreció marihuana y le tocó sus partes íntimas.  Antonio fue capturado por la policía y fue puesto a disposición de la fiscalía que dictaminó el delito de acto sexual violento con menor de 14 años. Tras 5 meses preso, las menores se retractan de las acusaciones frente al taxista. También es de indicar que, en los resultados arrojados por medicina legal, no muestran signos de ninguna índole que apunten a dicha acusación. Aun Antonio Güetto Pérez, se encuentra tras las rejas hasta que la justicia, con toda la información recopilada, decida otorgarle la libertad.  ⚠️Este caso no tiene posturas, conceptos, preferencias del periódico.