En un esfuerzo por abordar las crecientes preocupaciones de seguridad, la Alcaldía Mayor de Cartagena convocó a una reunión clave en el salón Vicente Martínez, con la presencia del secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández Ramos, y la coronel Sandra López Duque, subcomandante de la Policía Metropolitana. El encuentro reunió a inspectores de Policía del Distrito, quienes expusieron sus inquietudes sobre situaciones de riesgo que podrían comprometer su seguridad. Durante la sesión, el secretario del Interior destacó que se están realizando evaluaciones de riesgo para identificar y mitigar posibles amenazas a los inspectores. “Estamos coordinando estrechamente con la Policía Metropolitana para garantizar la protección adecuada de los inspectores y apoyar en sus operativos”, aseguró Hernández. La reunión también abordó el reciente crimen contra el inspector Omar Cervantes. En respuesta, las autoridades han lanzado una recompensa de $10 millones para quienes aporten información relevante que facilite el esclarecimiento del caso. La coronel Sandra López Duque indicó que se están fortaleciendo las medidas de seguridad a través de la coordinación con los comandantes de estación y se está desarrollando un protocolo para identificar el nivel de riesgo enfrentado por los inspectores. Este esfuerzo busca asegurar una respuesta efectiva y proteger a los funcionarios que desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del orden público.

Irregularidades encontradas por la Superintendencia en Coosalud apuntan a presunto lavado de activos La Superintendencia de Salud continúa con las investigaciones y mira con lupa el caso de Coosalud EPS, en donde están afiliados más de 3 millones de colombianos. La revisión se da por una presunta desviación de recursos ascendente a los 200 mil millones de pesos.  «La EPS Coosalud le presta dinero a su Coosalud Inversa y luego que le dice que se la arriende. Te compro la casa y, por favor, arriéndamela para entonces, desarrollar el proyecto de Coworking», señaló el superintendente, Helver Rubiano García, explicando la situación. La Superintendencia de La Economía Solidaria, intervino al ente de salud, tomando posesión de ella al evidenciar un supuesto caso de lavado de activos. «Tomamos la decisión de tomar posesión de lavado Cooperativa Coosalud, hallazgos que son muy graves porque, estamos hablando de una cooperativa que es, prácticamente, la dueña de la EPS por el porcentaje de las acciones y, además, de Inversa y tres empresas más», manifestó María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria.  Por último, se indicó que las tres empresas habrían estado maquillando sus estados financieros y, tendrían a la misma persona como representante legal.