La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento intramural para el concejal del partido de la U, Cesar Augusto Pión González y el ex concejal del partido ASI, Américo Mendoza Quesepp, por el delito de prevaricato por acción que fue imputado desde el 2015.
Las investigaciones aseguran que para el año 2012, período en el que Pión González ejercía como presidente del Concejo Distrital y Mendoza Quesepp como vicepresidente, los funcionarios tenían la potestad de estudiar la solicitud para reajustar los honorarios de concejales y exconcejales por años anteriores. La revisión de la solicitud terminó con la emisión de 35 resoluciones, una por cada uno, en las que se les reconocían salarios, prestaciones y otros honorarios devengados por una suma de $7.609.425.280.
De acuerdo con los documentos presentados por el ente investigador, el monto establecido se pagaría con cargo al presupuesto designado para el 2012, sin que tuviera una asignación presupuestal destinada a tal fin. Los concejales hicieron la solicitud a la Alcaldía y posteriormente, con una resolución del 4 de junio del 2012 se pagó lo adeudado a las 35 personas, con cargo a la asignación presupuestal.
El Concejal del Partido de la U, César Augusto Pión González, se refirió a la petición de condena que hizo la Fiscalía General de la Nación y dijo que sobre este caso se expusieron los conceptos y criterios y se debe esperar la decisión del juez, “esto es un delito que no ha sido probado y confiamos en la justicia de nuestro país. Tenemos nuestra conciencia tranquila, somos víctimas de la persecución política constante a la cual hemos sido sometidos por ser controvertidos”.
El pasado jueves la Fiscalía terminó sus alegatos, y para el próximo 15 de septiembre quedó programada la audiencia de sentido de fallo contra Pión González y Mendoza Quesepp.
