Un juez con funciones de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre en San Andrés por su presunta responsabilidad en el delito de hurto calificado agravado. La Fiscalía General de la Nación así lo solicitó luego de investigar lo ocurrido el 17 de octubre en un establecimiento comercial de recaudo en el centro del archipiélago. Allí, precisa el ente acusador, Robinson Anaya Cuesta en compañía de otra persona habría intimidado con un arma de fuego a la cajera de turno, para apropiarse de 99 millones de pesos, y huir del lugar. El investigado no aceptó el cargo que le imputó la Fiscalía. Por decisión judicial, su reclusión se cumplirá en la cárcel Nueva Esperanza de San Andrés. Por su supuesta responsabilidad en los delitos de hurto calificado agravado, receptación, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego de uso personal, dos hombres fueron enviados a prisión en la Isla de San Andrés.

En su apuesta por una construcción más sostenible, Argos logró reducir 40.000 toneladas de CO₂ en 2024, el equivalente a retirar 12.000 vehículos de circulación por un año o a sembrar 130.000 árboles. Este hito se alcanzó gracias a la combinación de tecnologías innovadoras, como el uso de Cemento Estructural Max y Cemento de Uso General, la incorporación de ceniza y la implementación de aditivos activadores y acelerantes de última generación en la producción de concreto. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la compañía con la reducción del impacto ambiental, la economía circular y la optimización de recursos en la industria de la construcción. Además, Argos proyecta una reducción adicional de 13.000 toneladas de CO₂ en 2025, lo que equivale a retirar 4.000 vehículos de circulación o sembrar 47.000 árboles. “Seguimos comprometidos en ofrecer a nuestros clientes un portafolio de soluciones bajas en carbono, promoviendo la construcción consciente y el bienestar de las comunidades”, afirmó Carlos Horacio Yusty, vicepresidente de la Regional Colombia. Con estas acciones, Argos reafirma su liderazgo en sostenibilidad y su aporte a la lucha contra el cambio climático.

En preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el intendente en retiro Carlos Augusto Fernández, aceptó ser parte de una red de trata de personas, por lo que fue condenado a siete años de prisión. Con la información que se recopiló por parte de la Dirección Especializada contra la violación a los derechos humanos de la Fiscalía, el hombre captaba a jóvenes en Medellín, y coordinaba traslados a Francia, donde eran explotados laboral y sexualmente. Entre los años 2022 y 2023, mientras estuvo activo, desempeñó labores en la estación La Candelaria, en la capital antioqueña, contactó a muchas mujeres a quien les ofreció que trabajaran como modelos en Francia. «Como requisito para viajar les pedía grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior. Este material era enviado a los cabecillas internacionales que se encargaban de dar el aval», dice la Fiscalía. Estas mujeres que obtenían la aprobación de la estructura tomaban un vuelo en el aeropuerto de Jose María Córdova de Rionegro con rumbo a Madrid o Barcelona (España), de donde eran trasladadas a Marsella, Niza y Montpellier (Francia). Las jóvenes se percataban que al llegar a territorio francés los registros fotográficos habían sido publicados en sitios virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, los cuales terminaban ejerciendo para cubrir el pago de una deuda impuesta por la organización. Carlos Augusto Fernández Raigosa, además fue condenado por un juez penal especializado de Medellín, quien le impuso una multa equivalente a 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ante la información que circula sobre una supuesta liquidación del proyecto Autopistas del Caribe por la falta de acreditación del cierre financiero, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha aclarado que esta afirmación es falsa. De acuerdo con la ANI, se ha definido un Evento Eximente de Responsabilidad, lo que implica una suspensión temporal de ciertas obligaciones del concesionario debido a factores externos que han afectado el desarrollo del proyecto. Entre estos factores se encuentran la imposibilidad del cobro en las categorías I y II del peaje de Turbaco y la no construcción de la estación de peaje en Arroyo de Piedra, elementos fundamentales para garantizar la estabilidad financiera del contrato. Mientras estos obstáculos no sean resueltos, el proyecto no puede acreditar su cierre financiero. Sin embargo, esto no significa su liquidación, ya que la concesión sigue vigente y en ejecución. Autopistas del Caribe continúa trabajando con transparencia y compromiso para cumplir con las obras programadas y contribuir al desarrollo vial y socioeconómico de la región. Este proyecto, que busca mejorar la conectividad entre Cartagena y Barranquilla, sigue siendo una prioridad para la ANI y el Gobierno Nacional, en el marco de los planes de infraestructura y desarrollo del país.