El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre la expedición de un decreto de líneas de base para San Andrés, Providencia y Santa Catalina abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la soberanía marítima de Colombia. La medida, prevista para el próximo 30 de noviembre, busca materializar una disposición legal que, según el Gobierno, permanece pendiente desde 1978.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, explicó que la iniciativa tiene antecedentes en la denominada doctrina Gaviria, una propuesta jurídica orientada a considerar las islas, cayos, islotes y arrecifes del archipiélago como un conjunto territorial.
Para el funcionario, la decisión presidencial representa mucho más que un procedimiento cartográfico: constituye la materialización de una posición jurídica que Colombia debió desarrollar hace décadas y que está relacionada con la defensa de sus intereses en el Caribe.
¿En qué consiste el decreto anunciado para San Andrés?
Durante su alocución del domingo 18 de octubre, realizada desde un buque de la Armada Nacional en el archipiélago, De la Espriella anunció que el Gobierno firmará el decreto de líneas de base el 30 de noviembre de 2026.
El instrumento busca establecer referencias geográficas y jurídicas para la medición de los espacios marítimos correspondientes al archipiélago.
Las líneas de base son puntos de referencia utilizados por los Estados para determinar la extensión de determinadas zonas marítimas conforme al derecho internacional.
En el caso colombiano, el anuncio tiene un significado especial por la historia de las controversias territoriales y marítimas con Nicaragua.
Sin embargo, es importante distinguir entre establecer líneas de base y modificar una frontera internacional: un decreto nacional no puede alterar por sí solo una delimitación marítima establecida conforme al derecho internacional.
La doctrina Gaviria, el fundamento histórico de la propuesta
Germán Calderón España explicó que el origen de esta iniciativa se encuentra en el trabajo del jurista e internacionalista Enrique Gaviria Liévano.
Según relató, en 2013 tuvo contacto con Gaviria, quien le presentó los fundamentos jurídicos y fácticos de una doctrina que había desarrollado para la protección del archipiélago.
La propuesta consistía en trazar líneas de base rectas que comprendieran las principales formaciones geográficas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Dentro de esa concepción se incluían las islas, cayos, islotes y arrecifes que integran el territorio insular colombiano.
La finalidad era presentar estas formaciones como un conjunto territorial vinculado al Estado colombiano.
Calderón España recordó que Gaviria denominó esta concepción Archipiélago de Estado.
¿Qué significa considerar San Andrés como un “Archipiélago de Estado”?
La expresión hace referencia a la tesis defendida por Enrique Gaviria Liévano, según la cual las distintas formaciones insulares debían entenderse como un conjunto asociado al territorio continental colombiano.
Bajo esa interpretación, el archipiélago no se examinaría únicamente como una sucesión de islas separadas, sino como una unidad geográfica y jurídica.
Para sus defensores, esta perspectiva permitiría fortalecer los argumentos de Colombia frente a las pretensiones marítimas de otros Estados.
No obstante, la noción de “Archipiélago de Estado” debe diferenciarse del régimen de los Estados archipelágicos reconocido por el derecho internacional del mar.
Colombia es un Estado continental con territorios insulares, y la aplicación de líneas de base rectas está sujeta a requisitos jurídicos específicos.
Por esta razón, la tesis histórica expuesta por Calderón España no debe interpretarse como una modificación automática de las reglas internacionales aplicables al archipiélago.
La Ley 10 de 1978, una disposición pendiente durante décadas
El director de la Agencia Jurídica del Estado recordó que la doctrina Gaviria tuvo repercusiones en las decisiones legislativas colombianas.
Según explicó, durante el Gobierno de Alfonso López Michelsen se adoptaron elementos de esta propuesta en la Ley 10 de 1978.
Esta norma estableció disposiciones relacionadas con el mar territorial, la zona económica exclusiva y otros aspectos de los espacios marítimos colombianos.
De acuerdo con Calderón España, la intención era avanzar en el trazado de las líneas de base correspondientes al archipiélago.
Sin embargo, el funcionario sostuvo que esa tarea no se concretó.
El presidente De la Espriella también hizo referencia a este antecedente durante su alocución.
El mandatario señaló que en 1984 se avanzó en la determinación de las líneas de base del territorio continental, mientras que las correspondientes al archipiélago quedaron pendientes.
Para el Gobierno, el decreto anunciado busca cerrar esa brecha histórica.
Germán Calderón España recuerda una acción de cumplimiento
Otro elemento relevante de la explicación del funcionario es la existencia de una iniciativa judicial relacionada con la aplicación de la Ley 10 de 1978.
Calderón España recordó que en años anteriores se promovió una acción de cumplimiento orientada a materializar las disposiciones relacionadas con las líneas de base del archipiélago.
Según su interpretación, el decreto que prepara el Gobierno responde a las pretensiones que se habían planteado mediante esa actuación.
El director de la Agencia Jurídica del Estado expresó satisfacción por la decisión presidencial, al considerar que representa la culminación de un esfuerzo jurídico desarrollado durante años.
Para Calderón España, el anuncio tiene una dimensión histórica porque convierte una discusión doctrinal y jurídica en una actuación concreta del Ejecutivo.
“Es un acto de soberanía”: la valoración del director jurídico
Germán Calderón España calificó la decisión del presidente como un ejercicio de soberanía con implicaciones en el derecho internacional público.
El funcionario destacó que el Gobierno haya decidido avanzar mediante un decreto para establecer las referencias marítimas del archipiélago.
Su valoración se fundamenta en la idea de que los Estados deben ejercer las competencias que les corresponden sobre sus territorios y espacios marítimos.
Desde esta perspectiva, el anuncio representa una manifestación formal de la posición colombiana frente al archipiélago.
Sin embargo, el alcance de esa actuación dependerá del contenido definitivo del decreto y de su compatibilidad con las obligaciones internacionales de Colombia.
¿Qué relación tiene la medida con Nicaragua?
El anuncio presidencial adquiere especial relevancia por la controversia histórica entre Colombia y Nicaragua sobre espacios marítimos en el Caribe.
La Corte Internacional de Justicia ha emitido varias decisiones relacionadas con las pretensiones de ambos países.
En 2012, el tribunal reafirmó la soberanía colombiana sobre determinadas formaciones insulares y estableció una delimitación marítima entre los dos Estados.
Posteriormente, se pronunciaron nuevas decisiones sobre aspectos de la controversia.
La doctrina Gaviria, según Calderón España, buscaba fortalecer la posición jurídica de Colombia frente a las pretensiones de otros países.
No obstante, las líneas de base que establezca Colombia deberán analizarse teniendo en cuenta las decisiones judiciales internacionales aplicables.
La expedición del decreto no implica, por sí misma, la recuperación de áreas marítimas ni la modificación de las fronteras existentes.
¿Por qué son importantes las líneas de base marítimas?
Las líneas de base constituyen un elemento esencial del derecho del mar.
A partir de ellas se mide la anchura de determinados espacios marítimos sobre los cuales los Estados ejercen soberanía, derechos soberanos o competencias específicas.
Entre estos espacios se encuentra el mar territorial, cuya anchura máxima generalmente reconocida es de 12 millas náuticas.
También sirven como referencia para la medición de otras zonas marítimas, de acuerdo con las normas internacionales correspondientes.
Su determinación exige estudios geográficos, información hidrográfica y análisis jurídicos.
Por ello, el decreto anunciado no se limita a una declaración política: requerirá una formulación técnica que permita identificar las líneas y los puntos que las integran.
La publicación en cartas náuticas oficiales también será relevante para conocer su ubicación y alcance.
El 30 de noviembre, una fecha simbólica para el archipiélago
El Gobierno escogió el 30 de noviembre para firmar el decreto.
La fecha coincide con la conmemoración del aniversario de San Andrés, lo que añade un componente simbólico a la decisión.
El presidente anunció que el instrumento será incorporado a la cartografía náutica oficial de Colombia.
De esta manera, el Ejecutivo busca presentar la medida como un compromiso institucional con el archipiélago y sus habitantes.
La elección de la fecha también refuerza el mensaje político de que San Andrés, Providencia y Santa Catalina ocupan un lugar prioritario en la agenda nacional.
La soberanía también tiene implicaciones para los habitantes de las islas
La discusión sobre las líneas de base no es únicamente un asunto jurídico o diplomático.
Los espacios marítimos del archipiélago tienen importancia para la pesca, la protección ambiental, la seguridad y las actividades económicas de sus habitantes.
Las comunidades raizales mantienen una relación histórica con el mar, que forma parte de su identidad cultural y de sus medios de subsistencia.
Por esta razón, las decisiones relacionadas con la política marítima deben considerar las condiciones particulares del territorio y los derechos de sus comunidades.
El fortalecimiento de la presencia estatal también plantea desafíos relacionados con el desarrollo sostenible, la vigilancia marítima y la protección de los recursos naturales.
Aunque el decreto anunciado se concentra en la delimitación de referencias marítimas, su discusión se conecta con estos asuntos de interés regional.
¿Qué efectos jurídicos podría tener el decreto?
La expedición del instrumento permitiría formalizar la posición del Gobierno colombiano sobre las líneas de base del archipiélago.
También ofrecería una referencia cartográfica oficial para el ejercicio de determinadas competencias marítimas.
Sin embargo, sus efectos deberán evaluarse a partir de varios elementos: los puntos geográficos seleccionados, el método utilizado, las disposiciones legales nacionales y las reglas internacionales aplicables.
El contenido definitivo será especialmente importante para determinar si las líneas propuestas cumplen las condiciones jurídicas correspondientes.
Además, será necesario distinguir entre la validez interna del decreto y los efectos que pueda producir frente a otros Estados.
Una disposición nacional puede expresar la posición de Colombia, pero no impone automáticamente una nueva delimitación marítima a terceros países.
Colombia busca materializar una decisión histórica
El anuncio del presidente De la Espriella y las explicaciones de Germán Calderón España han vuelto a poner sobre la mesa una discusión jurídica que se remonta a varias décadas.
La doctrina Gaviria, la Ley 10 de 1978 y las controversias marítimas con Nicaragua forman parte de los antecedentes de la medida.
Para el director de la Agencia Jurídica del Estado, el decreto constituye la materialización de una iniciativa que buscaba fortalecer la defensa del archipiélago.
El Gobierno, por su parte, ha presentado la decisión como un compromiso con la soberanía y con la protección de los intereses nacionales.
El próximo 30 de noviembre será una fecha clave para conocer el alcance concreto del decreto y determinar cómo Colombia pretende aplicar esta histórica propuesta jurídica en el Caribe.
Mientras tanto, el anuncio mantiene abierta la discusión sobre la soberanía, las obligaciones internacionales y el futuro de los espacios marítimos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
