En las últimas horas, un equipo de la Secretaría de Desarrollo y Participación se desplazó hasta la Terminal de Transporte para brindar ayuda a Martha, una señora oriunda de Ibagué que reside desde hace 14 años en Cartagena y que actualmente padece de una enfermedad que le impide realizar sus labores recurrentes en una casa de familia. Tal y como informa esta dependencia del Distrito de Cartagena, la mujer, de 62 años de edad, recibió atención y aceptó ser trasladada al hogar geriátrico San Pedro Claver, donde a lo largo de hoy, miércoles 20 de noviembre, se le estarán realizando exámenes médicos para evaluar su condición de salud y así establecer un tratamiento correspondiente. “Desde la Secretaría de Desarrollo Social enfatizamos en la importancia de cuidar a nuestras personas mayores. Debemos amarlos y cuidarlos. Maltratarlos y/o abandonarlos es un delito”, expresó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Cartagena refuerza su lucha contra los fraudes en los servicios públicos con la firma de una alianza estratégica entre Afinia, Aguas de Cartagena (Acuacar) y Surtigas, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este acuerdo busca combatir delitos como el robo de agua, energía y gas, prácticas ilegales que no solo generan millonarias pérdidas anuales, sino que también afectan la calidad y estabilidad del servicio para todos los usuarios. Las empresas revelaron cifras preocupantes: en 2024, más del 22% del agua potable producida en la ciudad no se pudo facturar debido a conexiones ilegales, lo que representó pérdidas de aproximadamente $60.000 millones de pesos. En el sector energético, los hurtos y fraudes sumaron pérdidas de $414 mil millones, con Bolívar como el departamento más afectado. En cuanto al gas, las manipulaciones indebidas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación, la alianza no solo fortalecerá los mecanismos de prevención y judicialización, sino que también sensibilizará a la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios públicos. El Código Penal Colombiano (Artículo 256) establece sanciones de hasta 72 meses de prisión y multas de 150 salarios mínimos para quienes incurran en la defraudación de fluidos. Las autoridades reiteran que el uso legal de estos recursos es clave para garantizar un sistema de servicios públicos seguro, eficiente y sostenible.