En un rincón fértil de Cartagena, donde la tierra y el corazón de sus comunidades laten al mismo ritmo, nace una apuesta transformadora: Manos al Campo – Patios Productivos. Una iniciativa impulsada por Surtigas, SPEC LNG, la Fundación Promigas y la Fundación Granitos de Paz, que está cambiando vidas a través del poder de la agricultura urbana, la autosostenibilidad y la unión comunitaria. El proyecto busca transformar los patios de 66 hogares en La Boquilla y Pasacaballos en espacios productivos para el cultivo de hortalizas, plantas aromáticas y flores comestibles. Pero va más allá de lo agrícola: es una propuesta integral que promueve la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y el fortalecimiento del tejido social, todo desde el hogar. Cada familia recibe acompañamiento técnico, capacitación y materiales para la adecuación de sus patios. Desde el diseño y construcción de sistemas de riego hasta la selección de cultivos adecuados para el entorno, el objetivo es lograr una producción sostenible y con valor social. Los productos cosechados por estas familias como mizuna, rúgula, cilantro, orégano, hierbabuena y tatsoi, son comercializados a través de SEMBRANA, una marca comunitaria que representa el esfuerzo, la calidad y el amor con el que se cultivan estos alimentos. Con la incorporación de 28 nuevas familias en 2025, y el fortalecimiento de otras 38 que ya hacen parte del proyecto, Patios Productivos continúa creciendo y sembrando una huella social positiva en Bolívar. Esta experiencia de transformación local se integra al programa Comunidades Más Productivas, que solo en 2024 impactó a 5.970 personas en 86 municipios del país. “Además de fortalecer el vínculo con mi familia, este proyecto me ha dado de comer”, afirma Sixto Silgado, un participante de 88 años que llegó desde Pasacaballos para inspirar a las nuevas familias con su historia. Porque cada compra, cada mensaje, cada voz que se suma, ayuda a consolidar un modelo sostenible que permite a las comunidades: Acceder a alimentos frescos y saludables. Generar ingresos desde sus propios hogares. Mejorar sus condiciones de vida y autoestima. Recuperar la confianza y la cooperación comunitaria.

El inicio de las obras del megaproyecto del Canal del Dique, adjudicado en junio de 2023 y considerado esencial para la restauración ambiental y el desarrollo de la Costa Caribe, se pospondrá hasta mediados de 2026 debido a la necesidad de un nuevo estudio de impacto y restauración ambiental. Carlos Rosado, director de relaciones públicas de Sacyr, empresa encargada del proyecto, confirmó esta información. Este proyecto, que busca beneficiar a más de 1,5 millones de habitantes y abarca un área de influencia de 435.000 hectáreas en los departamentos de Bolívar, Sucre, Atlántico y la ciudad de Cartagena, tiene como objetivo cumplir con el 57% de la meta nacional de restauración ambiental. Sin embargo, la exigencia de un estudio más detallado ha generado este retraso. «Este nuevo estudio está muy enfocado en la protección y restauración del ecosistema. Los términos de referencia son los mismos que aplican a cualquier proyecto de infraestructura, pero se requieren mediciones en diferentes épocas climáticas, lo que toma un tiempo importante», explicó Rosado. El estudio ambiental comenzará en enero de 2025 y se extenderá por 14 meses. Posteriormente, se necesitarán otros cuatro meses para su aprobación por parte del gobierno, lo que pospondrá el inicio de las obras hasta 2026. Inicialmente, la etapa de preconstrucción, que incluye estudios de gestión social, predial y ambiental, tenía un plazo de 18 meses, proyectando el inicio de las obras para diciembre de 2024. Con el nuevo cronograma, el proyecto acumula más de un año de retraso. Otro factor crítico es la ausencia de una licencia ambiental, un proceso que, según Sacyr, podría tardar 18 meses. Esta licencia es fundamental para alcanzar el cierre financiero del proyecto, un punto que aún no se ha concretado. Aunque Rosado aseguró que el costo del nuevo estudio ambiental no es significativo, no se han proporcionado cifras sobre posibles sobrecostos relacionados con los retrasos. Este aplazamiento podría implicar desafíos financieros y logísticos para las partes involucradas, mientras se mantiene el compromiso de cumplir con los objetivos de restauración y desarrollo regional.