Un tiroteo registrado en el barrio El Pozón, sector Los Lagos, dejó a una menor de 9 años herida por un impacto de bala en su hombro izquierdo, el hecho ocurrió alrededor de las 4:15 de la tarde del jueves 21 de noviembre, cuando un hombre de 25 años, conocido con el alias de ‘El Concha’, fue atacado mientras se encontraba en la terraza de su vivienda. De acuerdo con las autoridades, el sujeto tenia 11 antecedentes judiciales que incluyen cargos por porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, entre otros, quien resultó con varias heridas de gravedad y fue trasladado al Hospital El Pozón y posteriormente a otro centro médico, donde actualmente se encuentra bajo pronóstico reservado. En el mismo ataque, la niña, que jugaba en la terraza de su hogar, resultó herida en su brazo izquierdo al presenciar el enfrentamiento, afortunadamente, su estado de salud es estable y se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital El Pozón, donde las autoridades confirmaron que está fuera de peligro. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este ataque armado.

Tres exfuncionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena han allanado su responsabilidad en el caso de peculado por apropiación. Los implicados son Jorge Carrillo Padrón, ex jefe de la oficina jurídica de la alcaldía, y los abogados contratistas Jorge Blell Cervantes y Ana Alicia Martelo del Río. La investigación les atribuye la pérdida de 24 mil millones de pesos que presuntamente fueron desviados a manos privadas. Los exfuncionarios, quienes ingresaron a la administración distrital en 2018 durante el breve mandato de Antonio Quinto Guerra, permanecieron en sus cargos bajo la administración de Yolanda Wong y fueron mantenidos por Pedrito Pereira como cuotas inamovibles de una casa política de la ciudad. Según la Fiscalía, Blell y Martelo habrían utilizado títulos de depósito judicial, emitidos por el Banco Agrario, para desviar los recursos del distrito, actuando bajo la falsa premisa de representar legalmente al gobierno local. El dinero desviado nunca se registró en el fondo destinado a títulos judiciales de la Fiduprevisora, como era requerido. La Fiscalía ha solicitado que se imponga una medida de aseguramiento intramural para Carrillo y Martelo, quienes se encuentran en el proceso de audiencia. Los delitos en cuestión ocurrieron entre 2018 y 2019, y se sospecha que los acusados aprovecharon sus posiciones para desviar sumas millonarias destinadas al bienestar público.