Por Carlos Espinosa
La ejecución del proyecto del Canal del Dique no solo es una necesidad imperante sino un paso significativo hacia la recuperación de ecosistemas degradados y la mitigación del impacto de posibles inundaciones en la Región Caribe. Este megaproyecto fluvial, esperado por más de 50 años, se erige como una respuesta a fenómenos climáticos y un motor de desarrollo regional.
Desde hace más de 50 años se habla en el país sobre la importancia del Canal del Dique. La prioridad se acentuó hace 12 años, tras la tragedia de 2010 que dejó más de 100 mil damnificados. En este tiempo, se han adelantado más de 250 mesas de trabajo y protocolizado 16 procesos de consulta previa con el aval de entidades como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
Con una longitud total de 115.5 km, abarcando la hidrovía entre Calamar y la bahía de Cartagena, el proyecto contempla esclusas y compuertas para controlar la entrada de sedimentos y caudal. Dos esclusas estarán en Calamar y Puerto Badel, con compuertas en Calamar. La población beneficiada asciende a 1.5 millones de habitantes de 19 municipios, abarcando Atlántico, Bolívar y Sucre.
Este proyecto no solo es una respuesta a desafíos ambientales sino también un generador de empleo. Se estima que la ejecución generará alrededor de 61,000 empleos en la región. Además, se proyecta una inversión de $3.1 billones, abarcando obra, operación y mantenimiento, lo que contribuirá a la dinamización de la economía regional.
La ejecución del Canal del Dique representa un hito trascendental para la Región Caribe, con beneficios ambientales, sociales y económicos. Es un ejemplo de cómo la planificación y ejecución de megaproyectos pueden tener un impacto positivo y duradero en la vida de las comunidades. La importancia de este proyecto no solo radica en su magnitud, sino en su potencial transformador para la región y el país.
