El concejal Sergio Mendoza Castro, se mostró preocupado por el alto número de familias, de las cuales se desconoce su procedencia, adelantando tala indiscriminada de la reserva forestal más importante de la ciudad y nuevas construcciones ilegales de cambuches tugurizados, sin acceso a los servicios públicos y en una zona considerada de alto riesgo, entendiendo que el Cerro La Popa se encuentra debilitado y pone en peligro a miles de cartageneros que viven en el pie y barrios circunvecinos a su área de influencia.

El cabildante, asegura, que la denuncia se la hizo llegar un ciudadano, que, subiendo a realizar ejercicios de rutina, se percató de las posibles nuevas construcciones y del deterioro de la capa vegetal.

“Hacemos un llamado al Distrito para que se percate y apersone de esta problemática y a la Policía Nacional para que se adelanten operativos de inmediato que permitan identificar y exhortar a las personas que actualmente adelantan la invasión en las faldas de la Popa, para que actúen de manera responsable. No quiero pensar que este tipo de invasiones sean orquestadas por gente que hayan sido benefactores en viejos planes o proyectos de reubicación”, dijo el cabildante.

Sergio Mendoza, asegura que el cerro es considerado patrimonio histórico y zona de reserva ecológica, ocupada en muchos de sus sectores por familias disfuncionales y con pocas oportunidades, azotado por padillas y por el microtráfico.

“Como bancada logramos incluir una serie de iniciativas y propuestas en el nuevo Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena”, que van desde el fomento al desarrollo sostenible de las comunidades asentadas en las faldas de la Popa con la implementación de proyectos de emprendimiento social agroforestales, silvopastoriles, ecoturísticos, hasta la creación de viveros que permitan que el cerro de la Popa sea un Bosque de Paz”, subrayó el cabildante.

Plan de contingencia

El concejal Mendoza, asegura que se requiere con urgencia adelantar un plan de contingencia aprobado por Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, y la conformación de un comité de seguimiento que verifiquen que cada acción se cumpla en unos tiempos y se garanticen toda la oferta social del Distrito a estas familias asentadas en la Popa. “Conocemos de un sinnúmero de planes de reubicación que han fracasado en la historia. Se requiere con urgencia instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el sector para darle celeridad y solución a esta problemática histórica de Cartagena”, dijo.

Por último, recordó que en el año 2017, en un fallo de primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena ordenó a la administración poner en marcha, en el plazo de un año, una política pública para la protección integral del Cerro de La Popa en aras de garantizar los derechos colectivos de los cartageneros y frenar el crecimiento de urbanización ilegal en el lugar.

“El mismo fallo obliga al EPA, implementar un plan de protección integral ambiental y que este debería estar lista dentro del año siguiente, del cual aún, no se conoce ningún tipo de acción frente a la problemática”, detalló.

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