En los últimos días, la propuesta de Gustavo Petro de convocar una Asamblea Constituyente ha acaparado la atención política en Colombia. Esta propuesta, además de reflejar su desesperación, es un resumen fehaciente del año y medio que va de su gobierno, marcado por intentos desesperados de encubrir escándalos, amenazas constantes a la institucionalidad y el orden del país, inestabilidad e incertidumbre, y promesas incumplidas. Petro busca presionar al Congreso de la República respecto al trámite de sus reformas, como él mismo admitió en su discurso. En primer lugar, el Gobierno Petro ha persistido en tratar de influir en las instituciones independientes de la Rama Ejecutiva, utilizando discursos y tweets amenazantes para mantener viva su dispersa agenda política a las malas, en contra de quién toque. La propuesta Constituyente no es la excepción. Es evidente que, con esta propuesta, Petro busca presionar al Congreso de la República respecto al trámite de sus reformas, como él mismo admitió en su discurso, refiriéndose particularmente a la reforma de salud que se encuentra agonizando (en buena parte gracias al liderazgo de los senadores conservadores que hacen parte de la comisión séptima). Sin embargo, es consciente de la dificultades para convocar una Constituyente y, sobre todo, para obtener las mayorías en ella. Esto revela la vacuidad de sus declaraciones y su incapacidad para implementar cambios significativos, algo que no debería sorprendernos. En segundo lugar, no es secreto para nadie que desde que Gustavo Petro asumió como presidente, ha estado envuelto en una serie de escándalos que han puesto en entredicho el “cambio” prometido durante su campaña. En el escenario político colombiano, las estrategias de distracción son moneda corriente, y Petro parece ser un experto en este juego de luces y sombras. Ha demostrado la habilidad de un prodigioso mago para distraernos con trucos mientras nos esconde la realidad, y su propuesta de Constituyente parece ser solo otro de sus trucos. Pues, ha permitido que se pasen por alto, sin mayor escrutinio, casos como los contratos con el Clan Torres, por ejemplo, que son solo la punta del iceberg de una gestión marcada por la opacidad y la corrupción, problemas que antes el presidente denunciaba con fervor.Este nuevo episodio del Gobierno Petro es una clara manifestación del populismo que le caracteriza y su tendencia a la inacción. Es la evidencia de un presidente que nunca dejó atrás la retórica de la campaña para realmente ejercer su gestión. Refleja la falta de una agenda clara para el país, contribuyendo al aumento de la incertidumbre y la desconfianza. Es el presagio de un gobierno en el que no se espera que ocurra mucho en lo que resta; un gobierno de promesas incumplidasNo obstante, hay que destacar la importancia de evitar que nuestra Constitución sea objeto de un capricho autoritario que sumerja al país en la incertidumbre. Una Constituyente no es un juego. Las Nuevas Generaciones tenemos la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución, así como el respeto por el orden democrático y las instituciones, como dijo el Presidente Cepeda. Por: Jesús Álvarez.

Al observar y analizar los diferentes contextos políticos, sociales y económicos por los cuales ha atravesado Colombia, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX, podría afirmar que la constituyente de 1991 nace no solo como un intento de solución ante los múltiples capítulos de violencia por los que venía atravesando nuestro país, sino también ante la falta de regulación de los derechos que hoy llamamos de primera, segunda y tercera generación. Esto explica su valor simbólico como mito fundacional para la creación de un nuevo orden social encaminado por el respeto a la dignidad humana. Ahora bien, en virtud de lo anterior, surge el siguiente interrogante: ¿cuál fue la fuente principal e histórica donde el constituyente de 1991 acoge los principios filosóficos, sociales y políticos para desarrollar nuestra carta magna y establecer un nuevo ordenamiento constitucional. La respuesta la encontramos al remitirnos a dos períodos en la historia. El primero es el comprendido entre 1685 y 1815, llamado la Ilustración, y el segundo el comprendido entre 1789 y 1799, época en la cual inició y se desarrolló la Revolución Francesa con una génesis en Francia y una expansión por todo el territorio europeo. Los pensadores del momento, David Hume, Kant, J. Locke, Montesquieu, Rousseau y Diderot (este último, jefe de la Enciclopedia), entre muchos otros, fueron los hombres que ilustraron la cabeza de los franceses, primero para las reformas dirigidas desde arriba, y luego para los grandes cambios revolucionarios que se produjeron a partir de 1789, que, de paso, fue el acontecimiento culminante de la modernidad y de la Ilustración, dando paso a las transformaciones de las concepciones políticas, filosóficas y sociales, y a las antiguas formas de esclavitud y dominio sobre las personas, dejando en claro que los Estados deben hacer valer y respetar los siguientes puntos: 1-La libertad civil, 2-La democracia, 3-El sufragio universal, 4-La libertad de pensamiento, 5-La libertad de prensa, 6-La libertad de cultos, 7-El derecho de los ciudadanos a intervenir en los asuntos públicos, 8-El derecho a elegir y ser electo para ocupar cualquier puesto en la administración del Estado, 9-El derecho a pedir cuenta de su actuación al gobierno, 10-La separación entre la Iglesia y el Estado, 11-La distinción entre los bienes privados y el patrimonio nacional, 12-La desvinculación entre la soberanía y quienes la ejercen, 13-La independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora bien, adentrándonos en la Carta Política de 1991, sin duda alguna, esta fue producto del pluralismo social, étnico y cultural de una nación diversa; es decir, de un consenso al cual se llegó fruto de la disputa de distintas visiones de sociedad en la Asamblea y que, a partir de la deliberación, en el más clásico sentido liberal habermasiano, permitió acuerdos fundamentales sobre la reorganización jurídico-política de la sociedad. De esa manera, confluyeron en la carta visiones liberales y sociales filosóficas. Eso hizo posible la adopción del Estado Social de Derecho, secular, garantista de los derechos fundamentales, sociales, económicos y colectivos, y velador del principio de la dignidad humana, más allá de las meras declaraciones formales del Estado autoritario y confesional de la Constitución Política de 1886. La ampliación de las herramientas para defender los derechos de primera, segunda y tercera generación (tutela, acciones de grupo y populares, etc.), y de los mecanismos de participación ciudadana (consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa), la “ampliación democrática”, como dicen Rodrigo Uprimny y Mauricio García Villegas, la supremacía de la Constitución sobre la ley, la creación de la Corte Constitucional como guardiana e intérprete de la carta, el reconocimiento histórico de la existencia de desigualdades sociales y la inclusión de minorías étnicas (indígenas y afrodescendientes)—a pesar del multiculturalismo liberal—son grandes avances en nuestro constitucionalismo. En esas nuevas instituciones confluyeron desde los antiguos aportes de la filosofía marxista (justicia e igualdad), liberal (derechos de primera generación), el contrato social de Rousseau, igualdad formal y acciones afirmativas (J. Rawls), hasta el multiculturalismo al estilo Kymlicka. En este orden de ideas, podemos concluir que nuestra Carta Política de 1991 ha sido producto, aparte de los múltiples factores sociales, políticos y económicos por los que enfrentó el Estado y la sociedad colombiana durante el siglo XX, también ha sido el resultado de discusiones políticas y filosóficas surgidas en Europa por los pioneros de la Ilustración, la Enciclopedia y por los precursores de la Revolución Francesa, ideas y teorías políticas expandidas en Hispanoamérica y acogidas por nuestro Estado para tener como producto final un Estado garantista de los derechos humanos y como carta de navegación el respeto por la dignidad humana. Por: Andrés David Marín Pacheco