En el tribunal de Bobigny, Francia, fueron sentenciados cuatro ciudadanos colombianos por dos años de prisión por la participación en robos durante los Juegos Olímpicos de París. Tres hombres y una mujer recibieron la prohibición de regresar a Francia durante los próximos diez años, una multa de 5.000 euros cada uno. Investigación que comenzó el 28 de julio, tras el robo de una cámara valorada en 15.000 euros y la sustracción de la acreditación del deportista estadounidense Ben Hallock. En las cámaras de videovigilancia, se identificó a los responsables, quienes fueron capturados y llevados ante la ley francesa. Entre los acusados, un hermano y una hermana residentes en Brasil, quienes junto con la pareja de la mujer y un amigo fueron encarcelados tras la audiencia. En el juicio, se reveló que habían robado varios objetos, como cámaras y computadoras. La mayoría no fue recuperada, y el fiscal Eric Mathais compartió una imagen del botín incautado durante el allanamiento del apartamento donde se alojaban los colombianos.

Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.

En un evento en Cali, el ministro de las Culturas, Juan David Correa, anunció la inclusión del «Complejo Musical-Dancístico de la Salsa Caleña» en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia mediante la resolución 367 de 2024. Este reconocimiento busca proteger y promover las prácticas que forman parte de esta tradición musical y dancística, arraigada en la identidad de la ciudad. Correa destacó la salsa como una expresión cultural que narra la historia de Cali, mencionando la importancia de su comunidad de artistas, bailarines y artesanos. Subrayó que esta manifestación podría llegar a ser patrimonio de la humanidad en el futuro. El «Complejo Musical-Dancístico de la Salsa Caleña» abarca conocimientos, técnicas y habilidades que han evolucionado a lo largo del tiempo, creando un ecosistema social único en Santiago de Cali. Este patrimonio involucra a diversos actores, desde músicos hasta artesanos que confeccionan trajes e instrumentos. El Plan Especial de Salvaguardia (PES) que acompaña esta declaración incluye siete líneas estratégicas para asegurar la continuidad de la salsa en la ciudad. Estas estrategias se centran en la formación, la comunicación, y el apoyo a organizaciones comunitarias, entre otros aspectos. El alcalde de Cali, Alejandro Éder, celebró esta declaración como un logro colectivo y enfatizó el compromiso de la comunidad y del ministerio en la preservación de esta tradición cultural. La inscripción marca un nuevo capítulo para la salsa caleña, fortaleciendo su relevancia y su potencial para ser reconocida globalmente.

El Gaula Cartagena llevó a cabo una actividad de prevención diferencial contra los delitos de secuestro y extorsión en la ciudad de Cartagena. La actividad, dirigida a la comunidad en general, tuvo como objetivo prevenir estos delitos a través de juegos interactivos, dinámicas grupales y material audiovisual. Sensibilización y Prevención Durante la actividad, se sensibilizó a la ciudadanía sobre las modalidades de extorsión y cómo prevenirlas. Se entregaron 150 detalles, incluyendo paraguas personalizados, esferos y refrigerios, y se realizó una trivia de prevención con preguntas y respuestas sobre autoprotección y cultura de denuncia. Resultados y Difusión La actividad logró sensibilizar a aproximadamente 300 personas, fortaleciendo sus conocimientos y capacidad de reacción ante posibles casos de extorsión. Se difundió la estrategia de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, «¡No dejes que te engañen! Juntos prevenimos el delito», y se promocionó la línea gratuita nacional 165 del GAULA de la Policía Nacional.

La Capitanía de Puerto de Cartagena confirmó que desde el 31 de octubre se inspeccionó un ‘bar flotante’ que opera sin permisos en la ciénaga de Portonaito, isla de Barú. Esta estructura improvisada, de 7 metros de largo por 5 de ancho, flota sobre tanques plásticos y está construida con madera y techos de zinc. Según la Dirección General Marítima (Dimar), el bar representa una ocupación indebida del espejo de agua y no cuenta con licencia de navegación ni elementos de seguridad, lo que supone riesgos para usuarios y embarcaciones cercanas.  Asimismo, Dimar ha informado a la Alcaldía de la Localidad Uno y a otras instancias locales sobre esta irregularidad, pero el establecimiento sigue operando. En ese sentido, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay afirmó: «La notificación a los propietarios ya fue emitida y el proceso para desmantelar la estructura está en marcha«. Por su parte, la comunidad denuncia desorden y contaminación en la zona, agravados por la presencia de embarcaciones con música a alto volumen. Además, preocupa el impacto ambiental y turístico de estas actividades ilegales.  El bar flotante en la ciénaga de Portonaito evidencia los riesgos de actividades comerciales ilegales en zonas ambientalmente sensibles, pues, este caso subraya la necesidad de acciones firmes por parte de las autoridades para regular el turismo y garantizar el respeto por el medio ambiente.