En la tarde de este lunes 31 de julio, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP acusó al coronel en retiro Publio Hernán Mejía por asesinatos extrajudiciales, conocidos como ‘falsos positivos’.
El anuncio lo hizo el director de la UIA Giovanni Álvarez Santoyo, dos meses después de que la JEP ordenara la captura del excomandante del Batallón La Popa del Ejército.
Según expresó Álvarez, el excomandante fue partícipe de hechos relacionados con 72 ejecuciones extrajudiciales durante su labor en el Batallón La Popa de Valledupar.
Por tanto, se le acusa por los delitos de homicidio en persona protegida, tortura y desaparición forzada:
“Creó con algunos de los miembros una estructura armada que, antes de cumplir a su función legal y constitucional de proteger a los colombianos, se dedicó a matar, a desaparecer y a torturar personas con la finalidad de crear una falsa apariencia de eficiencia y seguridad para el pueblo cesarense”, afirmó Álvarez.
Para el ente investigador, la organización que lideró Mejía «siempre tuvo claro quiénes iban a ser sus víctimas»:
«Jóvenes con carencias económicas, desempleados, provenientes de familias desestructuradas por quienes no se harían mayores indagaciones, y población campesina e indígena», sostuvo el director.
Posible negligencia en casos de falsos positivos
El director de la UIA aseguró que se emitieron copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
De esta manera se verificaría si existieron conductas negligentes por parte de los funcionarios que en el pasado lo investigaron.
Esto, debido a las inconsistencias encontradas en la mayoría de los casos: según la UIA, las escenas del crimen se alteraban para hacer creíbles los operativos.
Además, se cuestionó que algunos fiscales y procuradores, sin hacer mención a los nombres, enviaban las investigaciones a la Justicia Penal Militar.
Allí eran archivadas, sin hacer verificaciones de las denuncias que recibían.
«Rescatamos de los anaqueles del olvido y la impunidad procesos que se iniciaron y archivaron por hechos que no debieron ocurrir y realmente nos avergüenzan como sociedad», resaltó Giovanni Álvarez.
Finalmente, Álvarez destacó a los familiares de las víctimas por su persistencia y valentía:
«No se cansaron de denunciar que sus allegados no eran delincuentes y que, por el contrario, habían sido víctimas de algunos integrantes corruptos del Batallón La Popa».
¿Qué sigue tras la acusación?
Dentro de la audiencia de pronunciamiento realizada por la JEP, el director de la UIA afirmó que tras la acusación, que ya fue radicada, se espera la respuesta del excomandante para definir de qué manera continuará el trámite procesal.
En caso de que Mejía no acepte los cargos, se seguirá con el procedimiento legal en juicio, en el cual podría resultar con una condena de hasta 20 años de prisión.
Se espera, además, que se realice un proceso de interlocución con las víctimas para establecer los mecanismos de reparación.
