La Universidad Libre sede Cartagena anuncia el lanzamiento de un innovador Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada al Derecho, diseñado para ofrecer más práctica que teoría en la formación de operadores jurídicos. El programa, que tendrá una duración de 80 horas y se desarrollará en modalidad mediada por tecnologías, busca capacitar a abogados, jueces y demás profesionales del sector en el uso real de herramientas tecnológicas para transformar sus procesos judiciales y administrativos. Una característica distintiva de este diplomado es que será impartido bajo la modalidad de docencia unipersonal, con el juez Juan Manuel Padilla García como único docente. Reconocido pionero en Colombia por incorporar inteligencia artificial en sentencias judiciales y formado en la Universidad de Buenos Aires, Padilla será el encargado de guiar de principio a fin cada módulo, asegurando un enfoque coherente, profundo y personalizado para los participantes. Durante ocho semanas, los estudiantes aprenderán a aplicar IA en análisis de datos jurídicos, redacción asistida, valoración probatoria, jurisprudencia predictiva y automatización de procesos. Además, el programa incluirá la certificación mediante blockchain e insignias digitales, garantizando validez internacional. Con este diplomado, la Universidad Libre reafirma su compromiso con la innovación y la actualización profesional en un entorno jurídico cada vez más tecnológico. 314 2920243

Un grupo de trabajadores de Café del Mar realizaron una cadena de oración en el Baluarte de Santo Domingo, lugar en el que estaba ubicado el gastrobar desde hace más de 20 años. Tal y como se aprecia en una toma aérea, los manifestantes se agruparon y formaron la figura de un corazón con una pancarta en el medio en señal de «S.O.S» para pedir ayuda por las familias que perdieron su trabajo tras el desalojo del restaurante. Cabe recordar que durante un operativo a cargo de la gerencia de Espacio Público de Cartagena, el Distrito de Cartagena procedió en el desalojo de Café del Mar, tras una orden judicial de del Consejo de Estado en el que pedía terminar el contrato de arriendo que le permitía ubicarse en el sector amurallado de Cartagena.