En Cartagena, a principios del siglo XX, el Puente de Chambacú fue una estructura clave para la conexión entre el antiguo barrio de Chambacú y el centro amurallado, específicamente los extramuros de Getsemaní, este puente, construido de forma rudimentaria con ramazones y tablas, surgió como una solución improvisada para los habitantes de la isla Elba, quienes carecían de un acceso peatonal adecuado debido a que el puente del ferrocarril Cartagena-Calamar estaba destinado exclusivamente al tránsito de maquinaria. Día y noche, el puente se llenaba de movimiento, hombres y mujeres lo cruzaban cargados con los desechos de la plaza de mercado, los muelles, astilleros y fábricas, que reciclaban para sobrevivir y  también era común ver carretas tiradas por animales o carretillas de tres ruedas, utilizadas para transportar mercancías y materiales. Además de su función práctica, el puente también tenía un papel en las actividades recreativas y de subsistencia de la comunidad. Las aguas del Caño de Juan Angola, que entonces se comunicaban libremente con el mar Caribe, eran ricas en peces, y muchas personas se apostaban a pescar desde sus barandas, sin embargo, con el tiempo, la estructura fue deteriorándose, las barandas se destruyeron y algunas tablas cayeron, haciendo el cruce más peligroso y evidenciando el abandono del barrio por parte de las autoridades.

Samuel Pérez Herrera, vigilante con 12 años de servicio en la Unidad Nacional de Protección (UNP), se encadenó el día de ayer 9 de diciembre en las oficinas de la empresa SOS en Cartagena, denunciando haber sido despedido de manera injustificada, señalando que su desvinculación está basada en acusaciones falsas relacionadas con unas fotografías publicadas en su estado de WhatsApp. Según el vigilante, las imágenes mostraban a sus hijos manipulando armas durante un curso en una academia privada, pero la empresa argumentó que se trataban de armas pertenecientes a la dotación de la UNP bajo su cargo. «Dijeron que eran armas de la UNP, algo totalmente falso. Presenté pruebas de que eran de una academia privada, pero nadie quiere asumir la responsabilidad», explicó Pérez. El caso ha generado controversia, ya que Pérez asegura contar con fuero sindical, lo que impediría un despido sin autorización judicial, sin embargo, afirma que la empresa SOS lo mantiene sin asignación laboral y con un salario básico mientras su caso permanece en el limbo. “Esto no es solo conmigo; muchos compañeros han pasado por lo mismo. Algunos han tenido que librar largas batallas legales para ser reintegrados, pero las injusticias continúan”, comentó el vigilante, quien también denunció persecuciones laborales en la UNP durante los últimos cuatro años. En su protesta, Pérez exigió una respuesta clara por parte del director de la UNP,  y asegura que su objetivo, es ser reintegrado a su trabajo y garantizar el respeto a los derechos laborales. “La huelga la mantendré hasta que definan mi situación. No estoy pidiendo nada fuera de la ley, solo que se respeten mis derechos como trabajador”, concluyó Samuel Pérez.