El programa de afiliado Cámara Preferencial, se ha convertido en una de las apuestas más sólidas para fortalecer el tejido empresarial de la región. Hoy, 979 empresarios hacen parte de esta comunidad exclusiva que ofrece beneficios diseñados estratégicamente para impulsar su posicionamiento, crecimiento y generación de nuevas oportunidades de negocio. Entre sus ventajas más valoradas destacan la posibilidad de acceder a pautas gratuitas y visibilidad permanente en los canales institucionales, conexión directa con la red de afiliados y el directorio empresarial, así como descuentos preferenciales en salones, diplomados, asesorías y eventos de alto nivel. Los afiliados también cuentan con el privilegio de postularse a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, reciben certificados sin costo, carnet digital de afiliado y formación especializada mediante charlas, talleres y webinars que fortalecen sus competencias y capacidades gerenciales. Además, este programa facilita un diagnóstico gratuito de cada empresa para identificar áreas de mejora, brinda acceso sin costo al mapa de georreferenciación empresarial y prioridad en la participación de convocatorias de impacto regional y nacional. Con estos beneficios integrales, el programa de afiliado Cámara Preferencial demuestra que hacer parte de esta experiencia no solo abre puertas, sino que consolida comunidades empresariales más fuertes, visibles y competitivas, preparadas para enfrentar los retos del mercado con respaldo, acompañamiento y herramientas reales de crecimiento.

Cartagena refuerza su lucha contra los fraudes en los servicios públicos con la firma de una alianza estratégica entre Afinia, Aguas de Cartagena (Acuacar) y Surtigas, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este acuerdo busca combatir delitos como el robo de agua, energía y gas, prácticas ilegales que no solo generan millonarias pérdidas anuales, sino que también afectan la calidad y estabilidad del servicio para todos los usuarios. Las empresas revelaron cifras preocupantes: en 2024, más del 22% del agua potable producida en la ciudad no se pudo facturar debido a conexiones ilegales, lo que representó pérdidas de aproximadamente $60.000 millones de pesos. En el sector energético, los hurtos y fraudes sumaron pérdidas de $414 mil millones, con Bolívar como el departamento más afectado. En cuanto al gas, las manipulaciones indebidas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación, la alianza no solo fortalecerá los mecanismos de prevención y judicialización, sino que también sensibilizará a la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios públicos. El Código Penal Colombiano (Artículo 256) establece sanciones de hasta 72 meses de prisión y multas de 150 salarios mínimos para quienes incurran en la defraudación de fluidos. Las autoridades reiteran que el uso legal de estos recursos es clave para garantizar un sistema de servicios públicos seguro, eficiente y sostenible.