El representante Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca sancionar penalmente a quienes, durante manifestaciones o movilizaciones, oculten su identidad con capuchas y participen en actos vandálicos. La propuesta contempla penas de 54 a 96 meses de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos mensuales.
El articulado también plantea aumentar las penas cuando se utilicen explosivos, sustancias corrosivas o elementos peligrosos, y endurecer las sanciones por bloqueos que afecten infraestructura, transporte, salud pública o seguridad alimentaria. Uno de los coautores, Julio César Triana, señaló que buscan que estas conductas tengan consecuencias más severas y que algunos delitos no sean excarcelables.
La iniciativa apenas comienza su trámite en el Congreso, por lo que todavía no es una ley vigente. De avanzar, modificaría el tratamiento penal de ciertas conductas cometidas durante protestas y movilizaciones públicas.










