Una lujosa prisión construida por el desaparecido narcotraficante Pablo Escobar para cumplir su condena, fue transformada como hogar para los abuelitos, un refugio sin recursos llamado San Benito Abad, el cual carga una historia de violencia y un pasado oscuro. Estas personas de la tercera edad que residen en este refugio, manifiestan experiencias paranormales, y aseguran que el recinto está habitado por supuestas almas en pena. El 19 de junio de 1991, Pablo Escobar se entregó a las autoridades y estableció su propia cárcel, que poco se parecía a una prisión convencional debido a su lujo y comodidades. Tras 405 días detenido, el 21 de julio de 1992, Escobar se fugó de La Catedral junto a varios de sus hombres de confianza. Décadas después, en 2007, un grupo de monjes benedictinos decidió reconstruir el lugar, inicialmente para convertirlo en un hogar para niños de bajos recursos, y desde 2012, en un asilo para ancianos. El equipo periodístico de Telemundo visitó La Catedral y conversó con los residentes, quienes manifestaron sus inquietantes sobre presencias no visibles. También se mencionó que, en más de una ocasión, alguien ha tocado las puertas sin que nadie esté allí, aunque algunos no creen en esos fenómenos. El padre Elkin Ramiro Vélez, director del hogar, aseguró que no siente temor ante estas manifestaciones y que su fe lo protege de cualquier mal. La catedral tiene imágenes y testimonios de la violencia que marcó la era de Pablo Escobar. El padre Vélez espera que los turistas que visiten el lugar puedan confrontar la cruda realidad del legado de Escobar y comprender que la historia es mucho más compleja que la glorificación del narcotraficante.

Con una clara visión de futuro y compromiso por el desarrollo responsable de la región, la Cámara de Comercio de Cartagena lanzó oficialmente el programa “Mi Escuela Sostenible 2025”, una ambiciosa apuesta que busca formar a más de 250 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en prácticas sostenibles, innovación empresarial y responsabilidad social. El evento de lanzamiento, realizado en la sede principal de la Cámara, reunió a líderes empresariales, entidades públicas y aliados estratégicos en una jornada cargada de ideas, inspiración y colaboración. La presidenta ejecutiva de la Cámara, Andrea Piña Gómez, enfatizó que esta iniciativa representa “una apuesta decidida por un modelo empresarial más consciente, innovador y alineado con el desarrollo sostenible”. El programa, que será integral y transversal, busca impulsar la transformación del tejido empresarial hacia modelos resilientes, ambientalmente responsables y competitivos, sin perder de vista el bienestar social y la conservación de los recursos naturales. Durante el encuentro, el panel “Sostenibilidad y Competitividad en Bolívar” reunió voces expertas como Mauricio Rodríguez (EPA Cartagena), Angelo Bacci (CARDIQUE) y Luis Pérez (Ecopetrol), quienes destacaron la urgencia de vincular la sostenibilidad a las políticas urbanas y empresariales de la ciudad. La jornada cerró con la intervención de Estefanía Varón, de Bancolombia, quien inspiró a los asistentes a liderar empresas que generen valor económico sin desligarse del impacto ambiental y social.

La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el interventor a cargo de las obras de restauración del Palacio de la Proclamación en Cartagena. Se le acusa de haber aceptado dichas obras, adscritas a la Gobernación de Bolívar, a pesar de que no se encontraban completamente terminadas. El señalado es Rafael Eduardo Zamora Melo, representante legal de la firma Intercabildo, encargada de la interventoría. Se le atribuye una posible omisión en su deber de supervisión, dado que las obras, en las que se invirtieron 47.863 millones de pesos provenientes de regalías, no habrían sido debidamente vigiladas durante su ejecución. De acuerdo con la Procuraduría, Zamora Melo firmó un acta de recibo de las obras el 9 de enero de 2020, certificando que estaban completadas, a pesar de que aún no se habían cumplido todos los términos del contrato. Más adelante, en diciembre de 2020, se firmó el acta de finalización del contrato, persistiendo aparentes incumplimientos. El auto de cargos indica que al haber certificado la obra como finalizada sin que estuviera totalmente ejecutada, Zamora Melo habría incumplido con su deber como representante legal de la firma interventora, quien temporalmente desempeñaba una función pública. Esta conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de dolo.