Bolívar en la nueva normalidad financiera

Por Jarol Llerena Guzmán

Contador público

El año 2020 se ha convertido en uno de los años más duros en términos financieros para los colombianos y por ende para todos los bolivarenses. Según datos entregados por la cámara de comercio de Cartagena el 82% de las empresas encuestadas reportó reducción de los ingresos en ventas, y de este número un 20% reporta disminución de ingresos por encima del 90%. Esta situación nos plantea un escenario muy difícil para las PYMES y más aún para las personas que trabajan de forma independiente y con altos índices de endeudamiento.

Uno de los sectores de la economía más golpeado durante la pandemia según cifras del DANE en Colombia es el sector del Turismo y la Hotelería, siendo Cartagena una de las ciudades más perjudicadas, con una parálisis total en los cuatro primeros meses de aislamiento, reportando en algunos casos reducción hasta del 100% de los ingresos. Esta situación requiere entonces gran atención por parte del gobierno nacional y local. Cabe recordar que en Cartagena y Bolívar aproximadamente el 80% son micros y pequeñas empresas, las cuales han manifestado que les tardaría entre 18 y 24 meses de operación para recuperarse de esta tragedia, contando con que no exista un segundo brote.

Sin embargo, desde el primero de octubre los bolivarenses han venido experimentando los cambios que ha traído la fase de reapertura o reactivación económica. Esta fase no solo le ha dado un respiro a las empresas, sino también al resto de la población, quienes alegremente disfrutan un poco más de su ciudad después de varios meses de aislamiento social obligatorio, no dejando de lado las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno nacional. Es así como los financistas han aseverado que durante este año habrá una contracción del 8% de la economía, convirtiéndose en un gran desafío la recuperación de la misma para el próximo año.

El 2021 será entonces un año de grandes retos, no solo para las empresas bolivarenses sino también para las personas y los entes administrativos territoriales, quienes tendrán que realizar múltiples esfuerzos para que Bolívar pueda avanzar económicamente en la post-Pandemia. Por lo que se requiere que las administraciones municipales y departamentales inviertan adecuadamente hasta el último peso del presupuesto público. De igual forma se busca que los ciudadanos veedores denuncien sin miedo los hechos de corrupción que se presentan en sus territorios y la intervención oportuna de los organismos de control.

Asimismo, para el próximo año se busca que el gobierno nacional establezca políticas claras y un trato preferencial en términos fiscales con aquellas empresas que reporten sus estados financieros disminución patrimonial considerable, con el fin de salvar miles de empleos directo e indirectos que se generan en este reglón económico que para Cartagena y Bolívar representan mas del 10% del número total de empleos. Queda entonces en manos de ICULTUR la reactivación y promoción del turismo en Bolívar como lo ha venido haciendo en los últimos años.

Finalmente, Bolívar y Cartagena están en la obligación de dar celeridad a los megaproyectos que permitan una mayor recuperación económica, tales como, la ampliación del canal del dique, terminación de la vía perimetral, proyecto protección costera y el nuevo aeropuerto al departamento, generando con esto miles de empleos y jalonando la inversión privada extranjera y local.

Salvar a los empresarios, trabajadores independientes, emprendedores, campesinos y a cada uno los bolivarenses es una tarea de todos. Trabajemos juntos para hacer de nuestro departamento una de las más competitivas en el país, pero no bajemos la guardia en esta época de pandemia, sigue todas las medidas de bioseguridad y mantente a salvo junto con las personas que más amas.

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Las organizaciones de usuarios de servicios públicos de la región Caribe hicieron un llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, para evitar una posible crisis en la prestación del servicio de energía eléctrica por parte de la empresa Afinia. En una carta enviada al mandatario, las organizaciones expresaron su preocupación por el incumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional, especialmente en lo referente al pago de la opción tarifaria y los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Según la misiva, la deuda del Gobierno Nacional con Afinia supera los 1.6 billones de pesos, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la empresa y su capacidad de seguir prestando el servicio. Los voceros de las organizaciones resaltaron que la región Caribe enfrenta una de las tarifas más altas del país, lo que aumenta la carga económica para las familias, cuyo poder adquisitivo no crece al mismo ritmo que sus facturas. En este contexto, insisten en la urgencia de garantizar un servicio de calidad a precios justos y accesibles. “El Gobierno tenía pleno conocimiento de las dificultades para tramitar esta ley en el Congreso y no podía subordinar su compromiso a condiciones políticas. Exigimos que se adopte de inmediato un mecanismo legal que permita cumplir con el pago de la opción tarifaria”, señalaron los voceros. Por último, Instaron al Gobierno Nacional a priorizar este tema en su agenda y a tomar las medidas necesarias para evitar que los usuarios de la región Caribe se vean afectados por la falta de un servicio esencial como la energía eléctrica.

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Retraso en el Megaproyecto del Canal del Dique: obras iniciarán en 2026 por nuevo estudio ambiental

El inicio de las obras del megaproyecto del Canal del Dique, adjudicado en junio de 2023 y considerado esencial para la restauración ambiental y el desarrollo de la Costa Caribe, se pospondrá hasta mediados de 2026 debido a la necesidad de un nuevo estudio de impacto y restauración ambiental. Carlos Rosado, director de relaciones públicas de Sacyr, empresa encargada del proyecto, confirmó esta información. Este proyecto, que busca beneficiar a más de 1,5 millones de habitantes y abarca un área de influencia de 435.000 hectáreas en los departamentos de Bolívar, Sucre, Atlántico y la ciudad de Cartagena, tiene como objetivo cumplir con el 57% de la meta nacional de restauración ambiental. Sin embargo, la exigencia de un estudio más detallado ha generado este retraso. «Este nuevo estudio está muy enfocado en la protección y restauración del ecosistema. Los términos de referencia son los mismos que aplican a cualquier proyecto de infraestructura, pero se requieren mediciones en diferentes épocas climáticas, lo que toma un tiempo importante», explicó Rosado. El estudio ambiental comenzará en enero de 2025 y se extenderá por 14 meses. Posteriormente, se necesitarán otros cuatro meses para su aprobación por parte del gobierno, lo que pospondrá el inicio de las obras hasta 2026. Inicialmente, la etapa de preconstrucción, que incluye estudios de gestión social, predial y ambiental, tenía un plazo de 18 meses, proyectando el inicio de las obras para diciembre de 2024. Con el nuevo cronograma, el proyecto acumula más de un año de retraso. Otro factor crítico es la ausencia de una licencia ambiental, un proceso que, según Sacyr, podría tardar 18 meses. Esta licencia es fundamental para alcanzar el cierre financiero del proyecto, un punto que aún no se ha concretado. Aunque Rosado aseguró que el costo del nuevo estudio ambiental no es significativo, no se han proporcionado cifras sobre posibles sobrecostos relacionados con los retrasos. Este aplazamiento podría implicar desafíos financieros y logísticos para las partes involucradas, mientras se mantiene el compromiso de cumplir con los objetivos de restauración y desarrollo regional.

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Recibo de luz en el Caribe podría disminuir hasta un 39% el próximo año

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha anunciado una reducción de tarifas de energía en el Caribe colombiano de entre el 30% y el 39%, que entrará en vigor entre enero y febrero del próximo año. Esta medida, presentada por William Mercado Redondo en Montería, busca aliviar la carga económica de los ciudadanos y disminuir las protestas en la región. La reducción es el resultado de la modificación de la fórmula tarifaria y la eliminación del régimen especial de opción tarifaria. Fanny Guerrero, comisionada de la CREG, destacó que se implementará una nueva metodología para el cálculo del componente de comercialización, lo que permitirá que los usuarios no paguen por las ineficiencias de los comercializadores. Además, la CREG está trabajando para integrar más fuentes de energía renovable, lo que contribuirá a tarifas más sostenibles. Estas iniciativas están diseñadas para que los beneficios se reflejen rápidamente en los recibos de los usuarios, mejorando así la situación económica en la región.

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