Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.

Se trata de Javier Acosta, un bogotano de 36 años hincha de Millonarios quien este viernes 30 de agosto se someterá a la muerte médicamente asistida tras ser paciente oncológico sin aparente cura. La historia de Javier se remonta años atrás cuando sufrió un accidente en moto (ver videos Teletón). Acosta inició procesos de recuperación y testigos dan fe de su buena actitud para la mejora, de hecho, cuenta con más de 83 mil seguidores en su página de Facebook. Sin embargo, su vida cambiaría nuevamente tras adquirir una bacteria en una piscina en Melgar. Lo que comenzó como una roncha en su glúteo izquierdo se transformó en una pesadilla: la infección se expandió rápidamente por su piel, tejido e incluso el hueso, finalizando en un cáncer 🗣️“Me tuvieron que raspar el glúteo izquierdo y me pusieron un injerto, pegó bien, pero luego se pasó al derecho”, relató en su live. La esperanza de recuperación se desvaneció cuando, hace un mes, sufrió una recaída que lo dejó postrado con dolor en todo el cuerpo y fiebre constante. A pesar de los esfuerzos para su tratamiento, el constante progreso de la enfermedad lo llevó a tomar la decisión de aplicar a la eutanasia para este viernes 30 de agosto y con cierta entereza, se despidió de su hija y de sus amigos en una transmisión en vivo, en la que agradeció el apoyo y el amor recibidos durante todos estos años.

Sandra Ortiz, exconcejera presidencial, es mandada a la cárcel por estar involucrada en escándalo Ungrd Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, es enviada a la cárcel de Buen Pastor en Bogotá por entrega de coimas a Iván Name y Andrés Calle en el caso de la Ungrd. La decisión estuvo a cargo de la Jueza Tercera Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá. Según manifiesta el ente disciplinario, la exconcejera habría jugado un papel importante en el desfalco de los fondos que disponía Gestión de Riesgos para la comunidad indígena de La Guajira. Es de resaltar, que la defensa de Ortiz, en cabeza de Oswaldo Medina, indica que, la Fiscalía presionó para que la acusada firmara un principio de oportunidad y omitió la difícil situación emocional que pasaba la acusada.  «Acciones como esta no solo comprende a las personas involucradas sobre los hechos, sino que también la legitimidad de las más altas instituciones del Estado», afirmó delegado del ministerio público.