En Cartagena, a principios del siglo XX, el Puente de Chambacú fue una estructura clave para la conexión entre el antiguo barrio de Chambacú y el centro amurallado, específicamente los extramuros de Getsemaní, este puente, construido de forma rudimentaria con ramazones y tablas, surgió como una solución improvisada para los habitantes de la isla Elba, quienes carecían de un acceso peatonal adecuado debido a que el puente del ferrocarril Cartagena-Calamar estaba destinado exclusivamente al tránsito de maquinaria. Día y noche, el puente se llenaba de movimiento, hombres y mujeres lo cruzaban cargados con los desechos de la plaza de mercado, los muelles, astilleros y fábricas, que reciclaban para sobrevivir y  también era común ver carretas tiradas por animales o carretillas de tres ruedas, utilizadas para transportar mercancías y materiales. Además de su función práctica, el puente también tenía un papel en las actividades recreativas y de subsistencia de la comunidad. Las aguas del Caño de Juan Angola, que entonces se comunicaban libremente con el mar Caribe, eran ricas en peces, y muchas personas se apostaban a pescar desde sus barandas, sin embargo, con el tiempo, la estructura fue deteriorándose, las barandas se destruyeron y algunas tablas cayeron, haciendo el cruce más peligroso y evidenciando el abandono del barrio por parte de las autoridades.

Luego de que Eric Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunciara a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, la presidencia de la República emitió un oficio para la Procuraduría, Fiscalía y UNP por este caso. En dichos documento, la Presidencia de la República solicita a los entes «evaluar el caso expuesto en el documento» y «tomar las acciones a las que haya lugar». Cabe recordar que, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. Por su parte, documentación señala que, según voces de Urueta, la UNP y sus funcionarios buscaban «engañar al JUEZ, tratando de decir que el señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la tutela. Se está a la espera que las entidades se manifiesten y correspondan a la medida establecida desde la Presidencia de la República denunciada por el abogado cartagenero.