a tensión política en Venezuela se intensifica tras el asalto a la sede nacional del partido Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado. El ataque ocurrió en horas de la madrugada del viernes según los informes, alrededor de las 3:00 de la mañana , cuando seis hombres encapuchados y sin identificación irrumpieron en el edificio. los agresores sometieron a los vigilantes del lugar, quienes fueron amordazados y atados mientras los delincuentes vandalizaban el lugar, rompiendo puertas y llevándose equipos y documentos esenciales para la campaña. El partido, a través de su cuenta en X, denunció el incidente como una manifestación de la creciente inseguridad y represión política a la que se enfrentan. Los videos e imágenes publicados muestran las paredes del local cubiertas de pintas y daños significativos en el mobiliario. Este ataque se produce en un contexto de creciente hostilidad hacia la oposición, tras la reciente publicación de un artículo de María Corina Machado en The Wall Street Journal. En su columna, Machado expresó temor por su vida y la de sus compatriotas debido a la «dictadura» liderada por Nicolás Maduro. Denunció las manipulaciones del régimen y cuestionó la integridad del Consejo Nacional Electoral, acusando al gobierno de estar completamente bajo el control del chavismo. La campaña de Machado también informó que gran parte de su equipo se encuentra en la clandestinidad y que la situación ha empeorado con la reciente salida de siete misiones diplomáticas de Venezuela. En su publicación, Machado advirtió que la situación es tan crítica que podrían capturarla mientras escribe. Las calles de Venezuela continúan siendo escenario de enfrentamientos entre oficialistas y opositores, con la Guardia Nacional Bolivariana actuando en favor del gobierno de Maduro. Más de 50 ONG internacionales han solicitado un reconteo de los votos en el país, aumentando la presión sobre un gobierno ya acusado de corrupción y represión. La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela, mientras el país se enfrenta a una creciente crisis política y social.

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) entregó proyectos para el fortalecimiento de la pesca artesanal a más de 250 pescadores de la región.  Estos proyectos incluyen la entrega de embarcaciones de fibra de vidrio, chalecos, motores fuera de borda, y herramientas de trabajo, con el objetivo de mejorar las condiciones y productividad de los pescadores locales. El Banco Agrario, el SENA y el Instituto Colombiano Agropecuario. Durante la jornada, se hizo énfasis en la necesidad de desarrollar políticas que beneficien a las comunidades pesqueras, que históricamente han estado desatendidas.  Además, se firmó la «Ruta Azul», un pacto por la gobernanza y sostenibilidad que compromete a 25 alcaldes de todo el país a incluir la pesca en sus Planes de Ordenamiento Territorial.

Afinia activó una ruta de atención en Calamar, Bolívar, tras los desórdenes ocurridos el 14 de abril por la sobrecarga de un transformador, presuntamente causada por conexiones ilegales. El incidente dejó sin servicio a 37 familias y evidenció riesgos eléctricos graves. Durante una jornada de diálogo con la alcaldesa Yelitza Castellar y la comunidad, Afinia expuso la crítica situación del municipio, donde las pérdidas de energía alcanzan el 65% y el recaudo apenas llega al 35%. La deuda conjunta de los usuarios afectados es de $55 millones, de los cuales la Alcaldía gestionará un abono inicial de $8 millones. A cambio, Afinia instalará un nuevo transformador y la comunidad permitirá el ingreso de brigadas para realizar un censo de carga, paso clave para avanzar en la normalización del servicio. Aunque hubo resistencia inicial, se lograron compromisos orientados a la legalización de las conexiones y la mejora del recaudo. La empresa reiteró su disposición al diálogo, rechazó las vías de hecho como mecanismo de presión, y destacó el acompañamiento de los entes de control. Afinia mantiene su compromiso con el desarrollo de Calamar, respaldado por una inversión de $1,2 billones en Bolívar para modernizar la infraestructura eléctrica.