En búsqueda de una solución a los constantes dolores por problemas mandibulares, Ludmila, se sometió a una intervención quirúrgica en el Centro Ortognático del Caribe, liderada por el especialista maxilofacial, Alexander Pomares Cueto. Gracias a la cual, hoy en día expone resultados positivos que la han ayudado a sentirse mejor con sí misma.Tal y como explicó el doctor Pomares a El Bolivarense, los rostros que cuentan con una notoria asimetría suelen acarrear con el tiempo dificultades para masticar, hablar y respirar. Además de convertirse en un factor que puede alterar la autoestima y la autoconfianza en algunas personas. Por lo que en estos casos, el especialista recomienda recurrir a cirugías ortognáticas para el alineamiento de los huesos ubicados en la zona maxilofacial. Como prueba de la mejoría facial que logran los pacientes que se someten a esta intervención, Pomares realizó un procedimiento quirúrgico a otra paciente (la que se aprecia en la segunda imagen del desliza) que llegó a su consultorio en búsqueda de soluciones para corregir su diagnóstico mandibular y que tras someterse a una intervención con el odontólogo cartagenero consiguió el resultado que estaba buscando.

Han pasado tres décadas desde que Lorena Gallo, conocida en ese entonces como Lorena Bobbitt, conmocionó al mundo tras amputar elpene de su esposo, John Wayne Bobbitt, con uncuchillo de cocina . Lo que inicialmente se interpretó como un acto de venganza, Gallo lo describe ahora como el resultado de años de abuso y violencia doméstica. El 23 de junio de 1993, en su residencia en Virginia, Lorena tomó la drástica decisión luego de sufrir años de maltrato físico y sexual. En medio de un estado de enajenación mental transitoria, según dictaminó un jurado en su juicio, cometió el acto que la llevó a la fama mundial. Tras el incidente, John Bobbitt fue sometido a una cirugía que logró reimplantarle el pene. Sin embargo, la vida de ambos cambió para siempre. Lorena fue absuelta de los cargos por enajenación mental transitoria, mientras que su exesposo enfrentó varias denuncias por violencia contra otras mujeres. “Muchos olvidan que había pruebas de los abusos. Llamadas a emergencias, hematomas… Él mismo presumía de obligarme a mantener relaciones sexuales”, aseguró Gallo. John, por su parte, mantiene su versión de los hechos, alegando que Lorena actuó por venganza. Tras el juicio, Lorena intentó rehacer su vida. Trabajó como manicurista, peluquera y agente inmobiliaria. Además, se matriculó en la universidad, donde conoció a su actual pareja, David Bellinger. Juntos tienen una hija de 15 años.  “David fue un gran apoyo. Nunca pensé que alguien podría verme más allá de ‘esa’ Lorena”, comentó sobre su relación. Gallo también ha canalizado su experiencia en la creación de una fundación que ayuda a víctimas de violencia doméstica, con la esperanza de que nadie más pase por lo que ella vivió.

Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.