La Gobernación de Bolívar, en conjunto con la Cámara de Comercio de Cartagena, celebrará el IX Congreso Internacional de Derecho Empresarial y Arbitral el próximo 10 de octubre en el Palacio de la Proclamación. Este evento académico se enfocará en tres ejes principales: justicia en el territorio, fortalecimiento de la competitividad empresarial y construcción de paz, buscando mejorar el acceso a la justicia en Bolívar mediante mecanismos como la conciliación, mediación y arbitraje. El congreso contará con la participación de destacados juristas, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, quienes discutirán la implementación de métodos alternativos de resolución de conflictos. Estos mecanismos, además de descongestionar el sistema judicial, promueven la paz en los territorios y fortalecen el entorno empresarial, aportando soluciones eficientes y sostenibles. César Alvarado Barreto, Director de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, destacó la importancia de este encuentro para el desarrollo de la región: «Estamos comprometidos con la creación de territorios de paz y la promoción de una cultura de resolución de conflictos que impacte positivamente la competitividad empresarial y el desarrollo sostenible de Bolívar».

La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre el riesgo de una posible terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Esta situación podría acarrear graves consecuencias económicas y ambientales para la región y el país. El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que finalizar anticipadamente este contrato implicaría un pago de hasta $350.000 millones al concesionario, sin que se hayan logrado avances significativos en la restauración ambiental prevista. Hasta el momento, solo se han realizado obras menores de mejoramiento vial y algunos dragados de mantenimiento en el canal. Además, la terminación del contrato dejaría sin solución problemas ambientales que afectan a aproximadamente 1,5 millones de personas en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Estos problemas incluyen bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en temporadas de sequía y excesiva sedimentación La Contraloría también advirtió que nuevos requisitos, como la exigencia de una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la implementación de un protocolo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el canal y la realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, podrían retrasar aún más el proyecto. Ante este panorama, el contralor instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a gestionar adecuadamente estos riesgos para evitar la terminación anticipada del contrato y proteger los intereses públicos y ambientales de la región. La restauración del Canal del Dique es considerada un proyecto de importancia estratégica para la nación, con una inversión estimada de $3,26 billones, destinada a mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas y preservar ecosistemas clave en la región Caribe.