La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, ha adjudicado al Consorcio CAR de Cereté, Córdoba, la ejecución de las esperadas obras de rehabilitación del Corredor de Carga, una vía vital para la conectividad de la ciudad. La inversión total asciende a $22.386 millones, con el objetivo de mejorar la calidad de las vías y asegurar su durabilidad frente al alto volumen de tránsito pesado que las transita. Los tres tramos a intervenir son:   -Tramo 1: Desde la Sociedad Portuaria de Cartagena hasta Pasacaballos, en el sentido Manga-Pasacaballos. Este tramo tiene una extensión de 17,5 kilómetros y se intervendrán 5.326 m². -Tramo 2: Desde la entrada de la empresa Yara hasta la variante Mamonal-Gambote, con una longitud de 2,43 kilómetros y un área de 1.434 m² para bacheo. -Tramo 3: Desde la rotonda de Las Olas hasta la entrada de la Sociedad Portuaria, en el sentido variante Mamonal-Manga, abarcando 11,3 kilómetros y 9.737 m² de intervención. En cuanto a la interventoría, la Alcaldía de Cartagena trabaja arduamente para adjudicar la firma encargada del seguimiento de la obra, con el objetivo de tener la audiencia de adjudicación antes del 15 de noviembre y dar inicio a las obras sin contratiempos. “Lo que queremos es que las obras inicien la próxima semana. Al equipo le di como fecha límite el 20 de noviembre, pues la ciudad y todo el país que entra a Cartagena por esta vía ya no dan espera.” indicó Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) declaró de utilidad pública e interés social el proyecto de Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias, el cual está previsto que se construya en el corregimiento de Bayunca. Con esta declaratoria de utilidad impuesta por la ANI a través de la resolución 20247020016085 del 10 de diciembre de 2024, este proyecto de Asociación Público Privado (APP) verá facilitados los procesos de gestión predial con títulos mineros que puedan surgir en el área donde se tiene previsto que sea construido. Asimismo, esta media insta a entidades como la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Gobernación de Bolívar y el Distrito de Cartagena, entre otras, a adoptar medidas que faciliten las medidas correspondientes para garantizar el interés común de este proyecto.