El veedor ciudadano Héctor Pérez denunció posibles irregularidades en la ejecución del Contrato Interadministrativo N.º 059 de 2021, celebrado entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD). Según el informe presentado, los hallazgos incluyen implicaciones penales, fiscales y administrativas que podrían derivar en un significativo detrimento patrimonial. Entre las irregularidades detectadas se encuentra el pago de $3.504.586.519 por actividades no realizadas, producto del incumplimiento en la actualización de 45.143 predios, equivalente al 13% del total proyectado en el contrato. A pesar de los pagos efectuados, no se logró la meta de actualización catastral, lo que evidencia deficiencias en la ejecución del contrato y un uso inadecuado de recursos públicos. El informe muestra observaciones con incidencia penal y fiscal, cuyas cifras están siendo analizadas para determinar las responsabilidades correspondientes. ⚠️Está denuncia no tiene opiniones, posturas ni conceptos del periódico.

La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) hizo un llamado urgente a los campesinos y mineros que mantienen bloqueadas las vías en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, para que permitan el paso de trabajadores y vehículos del sector lechero, uno de los más afectados por el paro actual. Según cifras del gremio, los bloqueos están generando pérdidas cercanas a $1.000 millones diarios, debido a la imposibilidad de comercializar alrededor de 500.000 litros de leche al día, especialmente en municipios como Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Saboyá, Paipa y Ventaquemada. En Cundinamarca, la situación más crítica se vive en Ubaté, el mayor productor de leche de la región. FEDEGÁN expresó comprensión por las razones del paro, pero advirtió que esta situación podría tener un efecto dominó en la cadena de abastecimiento, con alzas en los precios para los consumidores finales, especialmente en Bogotá. Además, alertaron sobre el riesgo de pérdida de la leche represada, la cual no ha podido ser transformada ni distribuida. “Necesitamos una solución urgente que evite que esta crisis golpee aún más al campo y a los hogares colombianos”, indicó el presidente ejecutivo José Félix Lafaurie Rivera.

La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el interventor a cargo de las obras de restauración del Palacio de la Proclamación en Cartagena. Se le acusa de haber aceptado dichas obras, adscritas a la Gobernación de Bolívar, a pesar de que no se encontraban completamente terminadas. El señalado es Rafael Eduardo Zamora Melo, representante legal de la firma Intercabildo, encargada de la interventoría. Se le atribuye una posible omisión en su deber de supervisión, dado que las obras, en las que se invirtieron 47.863 millones de pesos provenientes de regalías, no habrían sido debidamente vigiladas durante su ejecución. De acuerdo con la Procuraduría, Zamora Melo firmó un acta de recibo de las obras el 9 de enero de 2020, certificando que estaban completadas, a pesar de que aún no se habían cumplido todos los términos del contrato. Más adelante, en diciembre de 2020, se firmó el acta de finalización del contrato, persistiendo aparentes incumplimientos. El auto de cargos indica que al haber certificado la obra como finalizada sin que estuviera totalmente ejecutada, Zamora Melo habría incumplido con su deber como representante legal de la firma interventora, quien temporalmente desempeñaba una función pública. Esta conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de dolo.