A dos meses del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026, la emergencia educativa continúa en diferentes regiones del país. Aunque el Ministerio de Educación anunció el restablecimiento total del servicio escolar para los estudiantes afectados, organizaciones sociales advierten que numerosos niños, niñas y adolescentes todavía reciben clases en carpas y espacios improvisados.
La situación es especialmente preocupante en departamentos como Chocó y Valle del Cauca, donde algunas instituciones educativas sufrieron daños estructurales que impiden utilizar sus instalaciones con normalidad.
De acuerdo con información publicada por El Colombiano, el sismo afectó 7.653 sedes educativas en 22 departamentos y 527 municipios, según cifras del Observatorio de la Fundación Empresarios por la Educación (FExE). En estos establecimientos estudiaban más de 1,6 millones de alumnos y trabajaban 81.578 docentes y directivos.
Más de 7.600 sedes educativas resultaron afectadas
La magnitud de los daños provocados por el terremoto representa uno de los principales desafíos para el sector educativo.
Según el balance de la Fundación Empresarios por la Educación, miles de instituciones sufrieron afectaciones que alteraron las condiciones habituales de enseñanza.
La emergencia no solo comprometió salones de clase, sino también la capacidad de las comunidades educativas para mantener sus actividades en espacios adecuados.
Ante la necesidad de evitar interrupciones prolongadas del calendario escolar, diferentes instituciones adoptaron medidas temporales para continuar las clases.
Entre ellas se encuentran el uso de carpas, el traslado de estudiantes a sedes alternas y la adaptación de espacios que no resultaron destruidos.
Sin embargo, estas soluciones han generado preocupación porque no siempre ofrecen condiciones apropiadas para jornadas académicas prolongadas.
El Gobierno asegura que restableció el servicio educativo
El pasado 29 de septiembre, la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Gledy María Foliaco, anunció que se había logrado restablecer el servicio educativo para 1.275.967 estudiantes afectados por el terremoto.
La funcionaria explicó que la respuesta institucional se desarrolló a partir de un análisis de 5.539 sedes educativas, teniendo en cuenta factores como infraestructura, matrícula, ruralidad y conectividad.
Entre las alternativas implementadas se encuentran los traslados a otros establecimientos, la flexibilización de actividades académicas y las soluciones temporales de aprendizaje.
No obstante, organizaciones como NiñezYA advierten que el restablecimiento del servicio no significa necesariamente que todos los estudiantes hayan regresado a aulas seguras y adecuadas.
En diferentes comunidades, las clases continúan desarrollándose bajo condiciones difíciles debido a los daños que permanecen sin resolver.
En Valle del Cauca, el calor obliga a terminar las clases antes de tiempo
Uno de los casos más preocupantes se presenta en Dagua, Valle del Cauca, donde dos de las seis sedes de la Institución Educativa Borrero Ayerbe colapsaron por el terremoto.
Ante esta situación, la comunidad educativa tuvo que reorganizar sus actividades entre carpas y los salones que permanecieron en pie.
La rectora Gladys Orcue explicó que las altas temperaturas dificultan el desarrollo de las jornadas escolares.
“A veces, cuando hace mucho sol, toca despacharlos más temprano porque el calor no se soporta”, relató la directiva.
Según la información conocida, estas condiciones temporales se mantendrían hasta el 15 de diciembre.
El caso evidencia que, aunque los estudiantes pueden continuar asistiendo a clases, las circunstancias afectan el tiempo disponible para las actividades académicas.
En Chocó, estudiantes reciben clases en carpas donadas por Unicef
Una situación similar se registra en el municipio de Atrato, Chocó, donde cuatro de las nueve sedes de la Institución Educativa Samurindó colapsaron.
Desde el 7 de septiembre, los estudiantes reciben clases en carpas donadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La rectora Nelly del Carmen Perea señaló que las afectaciones no se limitan a la infraestructura escolar.
Los docentes también han enfrentado consecuencias emocionales y materiales derivadas del terremoto, especialmente porque algunos sufrieron daños en sus propias viviendas.
“Hemos hecho atenciones de salud mental y psicosocial a los profesores porque también se han visto muy afectados, una gran mayoría en sus viviendas”, explicó.
La situación refleja la necesidad de atender simultáneamente las condiciones físicas de las instituciones y el bienestar emocional de quienes integran las comunidades educativas.
¿Qué riesgos enfrentan los niños que estudian en carpas?
Las clases en espacios temporales pueden ser una alternativa necesaria durante una emergencia, pero también presentan limitaciones.
Uno de los principales problemas es la exposición a temperaturas elevadas, que puede afectar la concentración y obligar a modificar los horarios escolares.
También existen preocupaciones relacionadas con la disponibilidad de servicios sanitarios, la comodidad de los estudiantes y las condiciones necesarias para desarrollar actividades pedagógicas.
A estas dificultades se suma el impacto emocional que puede provocar una emergencia de gran magnitud.
Algunos estudiantes y docentes deben continuar sus actividades mientras sus familias enfrentan daños en sus viviendas o cambios importantes en sus condiciones de vida.
Por esta razón, las organizaciones que acompañan la recuperación educativa insisten en que mantener abiertas las clases es solo una parte de la respuesta.
También resulta necesario garantizar entornos seguros, condiciones de aprendizaje adecuadas y acompañamiento psicosocial.
Organizaciones trabajan para habilitar espacios temporales de aprendizaje
Ante la magnitud de la emergencia, diferentes organizaciones sociales y entidades privadas han comenzado a coordinar esfuerzos para apoyar a las comunidades educativas.
La Fundación PLAN implementó Espacios Temporales para el Aprendizaje (ETA) en Pereira y Dosquebradas.
Además, proyecta habilitar once espacios adicionales en Chocó, Cali, Buenaventura y Jamundí.
Estas instalaciones buscan ofrecer alternativas para continuar el proceso educativo mientras se adelantan las intervenciones necesarias para regresar a las aulas convencionales.
Por su parte, la Fundación Empresarios por la Educación mantiene conversaciones con rectores y secretarías de Educación para identificar las necesidades de cada institución.
Según el balance divulgado, 74 organizaciones han reportado 161 acciones en nueve departamentos, de las cuales 32 ya se encuentran en desarrollo.
La iniciativa busca articular los esfuerzos de diferentes actores y evitar que las necesidades de las instituciones afectadas queden sin atención.
Piden verificar las condiciones reales en las que estudian los menores
Una de las principales preocupaciones de las organizaciones es que las cifras de restablecimiento del servicio educativo no reflejen completamente las condiciones en las que los estudiantes reciben clases.
Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, explicó que es necesario contrastar los reportes institucionales con la situación que enfrentan directamente los colegios.
“Necesitamos validar esta información con los rectores y las secretarías de Educación para entender en qué condiciones están regresando al aula”, señaló.
La verificación permitiría identificar cuáles establecimientos requieren intervenciones urgentes, qué espacios temporales necesitan mejoras y dónde deben concentrarse los apoyos disponibles.
El reto es regresar a aulas seguras y adecuadas
La emergencia educativa provocada por el terremoto del 10 de agosto sigue representando un desafío para las autoridades nacionales y territoriales.
Aunque el Gobierno sostiene que se restableció la atención educativa de los estudiantes afectados, los testimonios de docentes y directivos muestran que en algunas instituciones persisten dificultades importantes.
La reconstrucción y recuperación de las sedes dañadas será determinante para garantizar que los niños y adolescentes puedan desarrollar sus actividades académicas en condiciones adecuadas.
También será necesario mantener el acompañamiento a docentes y familias que continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia.
Dos meses después del terremoto, el desafío ya no consiste únicamente en mantener las clases, sino en garantizar que los estudiantes puedan aprender en espacios seguros, dignos y preparados para sus necesidades.
