Estados Unidos dio un nuevo paso en el endurecimiento de sus políticas de inmigración laboral al suspender a Microsoft y a otras importantes compañías tecnológicas y de servicios del programa utilizado por empresas para patrocinar la residencia permanente de trabajadores extranjeros, mientras el Gobierno también amplió su vigilancia sobre programas de intercambio utilizados por universidades.
La decisión, conocida esta semana, abre una discusión que afecta directamente a uno de los motores de la economía estadounidense: la llegada de profesionales extranjeros altamente calificados, especialmente en sectores relacionados con tecnología, ingeniería, investigación científica e inteligencia artificial.
La administración del presidente Donald Trump suspendió a compañías como Microsoft, Adobe, Infosys, Tata Consultancy Services y Wipro de procesos relacionados con el programa de certificación laboral permanente conocido como PERM, según información publicada por Reuters y Associated Press.
El sistema PERM es una de las etapas utilizadas por empresas estadounidenses que buscan patrocinar la residencia permanente —popularmente conocida como “green card”— de determinados trabajadores extranjeros. Antes de avanzar con algunas solicitudes migratorias, el empleador debe demostrar ante el Departamento de Trabajo que cumple los requisitos establecidos para contratar permanentemente a ese profesional.
La administración estadounidense sostiene que algunas grandes empresas han utilizado programas migratorios para incorporar trabajadores extranjeros mientras simultáneamente reducían puestos ocupados por ciudadanos estadounidenses.
Microsoft quedó particularmente en el centro de la polémica. El vicepresidente JD Vance cuestionó que la empresa realizara miles de despidos al mismo tiempo que mantenía una importante participación en programas de visas para profesionales extranjeros. La compañía ha rechazado la interpretación de que estos mecanismos sean utilizados simplemente para reemplazar trabajadores estadounidenses y explicó que buena parte de sus trámites corresponden a empleados que ya hacen parte de su organización.
La controversia se extiende también a la visa H-1B, utilizada ampliamente por compañías tecnológicas para contratar temporalmente a profesionales extranjeros especializados, así como a programas J-1 de intercambio académico y profesional.
Precisamente, el Gobierno inició investigaciones relacionadas con nueve universidades de alto perfil, entre ellas Harvard, Yale y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), por posibles irregularidades asociadas al uso de visas de intercambio y preocupaciones vinculadas con interferencia extranjera en investigaciones financiadas con recursos federales.
Las decisiones generan especial atención porque Estados Unidos ha construido buena parte de su liderazgo tecnológico atrayendo talento de distintos países. Algunas de las compañías más grandes de Silicon Valley cuentan con ejecutivos, investigadores, ingenieros y emprendedores nacidos fuera del territorio estadounidense.
Esa paradoja quedó particularmente expuesta esta semana. El mismo día en que el Gobierno incrementó la presión contra Microsoft por asuntos migratorios, el presidente Trump entregó reconocimientos científicos y tecnológicos a varios de los líderes más importantes del sector, entre ellos Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft y nacido en India; Jensen Huang, de Nvidia; Lisa Su, de AMD; Sergey Brin, cofundador de Google; Elon Musk y Michael Dell.
El contraste refleja una de las principales discusiones que enfrenta actualmente Estados Unidos: cómo proteger las oportunidades laborales de sus ciudadanos sin limitar la llegada del talento internacional que ha contribuido durante décadas al desarrollo de sectores estratégicos.
Las consecuencias pueden extenderse además a miles de profesionales extranjeros. Una persona puede ingresar inicialmente al mercado estadounidense mediante una visa laboral temporal y posteriormente buscar la residencia permanente con el patrocinio de su empleador. Si una compañía pierde temporalmente la posibilidad de utilizar determinados procesos, los proyectos migratorios de sus empleados pueden quedar retrasados o sujetos a mayor incertidumbre.
Los tiempos de procesamiento ya representan un desafío. Datos del Departamento de Trabajo mostraban que, al cierre de agosto de 2026, algunas revisiones de solicitudes PERM que estaban siendo procesadas correspondían todavía a expedientes presentados en noviembre de 2025.
El asunto también tiene implicaciones para estudiantes internacionales. Las universidades estadounidenses compiten globalmente por atraer investigadores y alumnos, muchos de los cuales permanecen posteriormente en el país para trabajar en compañías de tecnología, medicina, ciencia y otras industrias especializadas.
Por eso, cualquier modificación importante en los caminos que conectan educación, visas temporales, empleo y residencia permanente puede afectar no solo a los migrantes, sino también a las universidades y empresas que dependen de ese talento.
El debate apenas comienza. Para la administración estadounidense, las medidas buscan evitar fraudes y garantizar que los programas de inmigración laboral no perjudiquen a trabajadores locales. Para críticos de la estrategia, limitar estos mecanismos podría dificultar la contratación de profesionales altamente especializados y terminar debilitando la competitividad estadounidense frente a países que también buscan atraer científicos, ingenieros y empresarios.
La discusión será especialmente relevante en áreas como inteligencia artificial y semiconductores, donde existe una intensa competencia mundial por profesionales capacitados.
Más que una modificación administrativa, las decisiones adoptadas esta semana muestran una transformación en la relación entre inmigración y economía en Estados Unidos. Y sus efectos podrían sentirse mucho más allá de sus fronteras.
