La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido al Canal del Dique, ubicado en el norte de Colombia, como víctima del conflicto armado. Este cuerpo de agua, que conecta Cartagena de Indias con el río Magdalena, fue utilizado durante años para arrojar los cuerpos de personas asesinadas, principalmente por grupos paramilitares. La acreditación responde a una solicitud de la Ruta del Cimarronaje, una plataforma que agrupa a más de 200 organizaciones étnicas de la cuenca. La magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, destacó en un acto en Cartagena que este reconocimiento se debe a los informes presentados por las víctimas, en su mayoría afrodescendientes, que permitieron activar las competencias de la JEP. Valencia subrayó que, según el acuerdo de paz con las extintas FARC, se debe reconocer el impacto desproporcionado del conflicto en las comunidades étnicas y visibilizar las diversas violencias sufridas. Además, recordó que el Canal del Dique ha sido denominado por la Comisión de la Verdad como «el cementerio acuático más grande de Colombia». A pesar de la disminución de la violencia tras la firma del acuerdo de paz en 2016, el Canal del Dique sigue siendo utilizado para deshacerse de cadáveres, perpetuando el terror en la región. Las comunidades locales han reportado amenazas e intimidaciones para que no continúen con sus denuncias, lo que ha llevado a que algunas víctimas soliciten y reciban medidas de protección por parte del Estado. Aura Camargo, coordinadora de la Ruta del Cimarronaje, enfatizó la importancia de reconocer al Canal del Dique como sujeto de derecho debido a las múltiples afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo desapariciones forzadas, desplazamientos y homicidios, así como el control ejercido por grupos armados en el territorio. Camargo también instó al Estado a reconocer los daños en el desarrollo económico, cultural, político y ambiental de la región. Este reconocimiento por parte de la JEP representa un paso significativo en la reparación y visibilización de las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia, especialmente en territorios históricamente marginados como el Canal del Dique.

Este lunes 21 de octubre de 2024, la Policía y la Fiscalía de Colombia llevaron a cabo una operación que resultó en la captura de cuatro personas, incluyendo funcionarios de la Gobernación de San Andrés, involucrados en una red de tráfico de migrantes. Esta organización criminal transnacional se dedicaba al movimiento ilegal de ciudadanos vietnamitas, quienes eran transportados desde Medellín hasta la isla de San Andrés y luego hacia Nicaragua. Según las investigaciones, la red ofrecía rutas migratorias aéreas a migrantes asiáticos que ingresaban irregularmente a Colombia, cobrando entre 2,000 y 2,500 dólares por cada persona, donde los traficantes facilitaban la llegada y salida desde el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, eludiendo controles migratorios. Entre los capturados se encuentran alias Natasha, quien lideraba la organización y era funcionaria de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de San Andrés, así como alias Gordo, su pareja, encargado de transportar a los migrantes por mar. También fue arrestado el hermano de Natasha, conocido como Sergey que, de momento se desconoce su rol específico. Por lo anterior, la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes, donde un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en un centro carcelario para todos los involucrados, reconociendo la gravedad de sus delitos.

#Surtigas ha sido reconocida con la prestigiosa certificación Sello Oro en Basura Cero para su sede de Cartagena, tras una auditoría exhaustiva realizada por #ICONTEC. Esta certificación tiene como objetivo reconocer el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, destacándose como un referente en la correcta gestión de residuos. La iniciativa Basura #Cero, que busca mitigar los efectos ambientales derivados del aumento de residuos en los rellenos sanitarios, ha llevado a Surtigas a implementar una sólida estrategia de reciclaje, reutilización y valorización de residuos. Durante 2023, la sede de Cartagena logró aprovechar el 45% de sus residuos a través de programas de reciclaje y economía circular, generando beneficios para cuatro cooperativas de recicladores que transforman estos materiales en ingresos para sus familias. Entre sus proyectos más destacados se encuentran #“SURTICOMPOSTAJE”, que ha generado más de 300 kg de abono orgánico, la eliminación de plásticos de un solo uso en todas sus sedes, el reciclaje de medidores de gas natural, y la implementación de facturas digitales para reducir el consumo de papel.