La comunidad del barrio Getsemaní anunció la realización de un plantón para hoy, 29 de octubre a las 4:00 de la tarde, debido a que manifiestan que ya están cansados de la mala prestación de los servicios públicos domiciliarios, de los cuales han tenido inconvenientes con los servicios de energía, agua y telefonía.  Los habitantes que asistirán dicen que será una marcha totalmente pacífica y sin bloqueos, ya que lo único que buscarán es  llamar la atención de las autoridades competentes porque han estado haciendo solicitudes y derechos de petición a la Alcaldía de Cartagena y no han tenido respuesta sobre las dichas problemáticas.  Lea también: Aguas de Cartagena no puede irse: alcalde Turbay cita a la empresa a reunión extraordinaria La manifestación tendrá lugar en una esquina del Puente Román, con avenida del Arsenal y El Pedregal, y a la cual se unirán las JAC de los barrios Manga, Bocagrande y El Laguito, quienes aprovecharán el plantón para rechazar el pago de la valorización de la Vía del Mar.

Ciudadanos han manifestado su preocupación ante la presunta construcción irregular de un hotel en el histórico edificio Banco Popular. Según los denunciantes, diversas oficinas del edificio están siendo demolidas de forma repentina para construir habitaciones, lo cual, aseguran, se estaría llevando a cabo sin contar con los permisos de construcción requeridos por la normativa vigente. Los denunciantes argumentan que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los usos del suelo estipulados, el edificio está destinado exclusivamente a actividades comerciales, y no residenciales. Por ello, consideran incomprensible que un espacio tradicionalmente utilizado como oficinas sea transformado en un hotel. Además, han señalado la existencia de un posible plan para adquirir la totalidad de las oficinas restantes, lo que permitiría la transformación total del edificio en un establecimiento hotelero. Según estas denuncias, de concretarse la mayoría de compras, la administración del edificio también pasaría a manos de los nuevos propietarios del hotel, lo que podría afectar a los pocos propietarios que aún mantienen sus oficinas en el lugar. A esto se suma la preocupación por el reciente aumento del flujo de turistas en un edificio que, históricamente, ha sido destinado exclusivamente a actividades comerciales. Los ciudadanos han hecho un llamado urgente a las autoridades locales para que investiguen estas acciones, verifiquen el cumplimiento de las normas urbanísticas y corroboren si los responsables cuentan con los permisos requeridos para realizar estas modificaciones. Ciudadanos han manifestado su preocupación ante la presunta construcción irregular de un hotel en el histórico edificio Banco Popular. Según los denunciantes, diversas oficinas del edificio están siendo demolidas de forma repentina para construir habitaciones, lo cual, aseguran, se estaría llevando a cabo sin contar con los permisos de construcción requeridos por la normativa vigente. Los denunciantes argumentan que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los usos del suelo estipulados, el edificio está destinado exclusivamente a actividades comerciales, y no residenciales. Por ello, consideran incomprensible que un espacio tradicionalmente utilizado como oficinas sea transformado en un hotel. Además, han señalado la existencia de un posible plan para adquirir la totalidad de las oficinas restantes, lo que permitiría la transformación total del edificio en un establecimiento hotelero. Según estas denuncias, de concretarse la mayoría de compras, la administración del edificio también pasaría a manos de los nuevos propietarios del hotel, lo que podría afectar a los pocos propietarios que aún mantienen sus oficinas en el lugar. A esto se suma la preocupación por el reciente aumento del flujo de turistas en un edificio que, históricamente, ha sido destinado exclusivamente a actividades comerciales. Los ciudadanos han hecho un llamado urgente a las autoridades locales para que investiguen estas acciones, verifiquen el cumplimiento de las normas urbanísticas y corroboren si los responsables cuentan con los permisos requeridos para realizar estas modificaciones.