El presidente Abelardo de la Espriella celebró la aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso y aseguró que representa un cambio en la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales. “La falsa paz total llegó a su fin”, afirmó el mandatario al referirse a la política impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y defender el enfoque de su administración.
La iniciativa recibió el respaldo de las plenarias de Senado y Cámara durante la jornada del 3 de noviembre. En el Senado obtuvo 57 votos favorables y 24 negativos, mientras que en la Cámara fue aprobada con 95 votos a favor y 10 en contra. Ambas corporaciones acogieron el mismo articulado, por lo que no fue necesario realizar una conciliación.
Un cambio frente a las organizaciones criminales
Según explicó la Presidencia, el nuevo marco busca facilitar el desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto mediante su sometimiento a la justicia. Uno de sus ejes consiste en descartar el reconocimiento de estatus político a estas organizaciones y excluir las mesas de negociación política como mecanismo para definir las condiciones de su ingreso a la legalidad.
Asimismo, el texto aprobado contempla beneficios penales diferenciados. Los integrantes de base podrán acceder a reducciones de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los cabecillas se establece un máximo del 30 %. Para los mandos se prevé un cumplimiento mínimo de diez años de prisión, bajo las condiciones señaladas en la norma.
Beneficios sujetos al cumplimiento de condiciones
El acceso a esas rebajas estará condicionado a compromisos con las autoridades. Entre las exigencias están la entrega de armas y bienes, la identificación de otros integrantes y la colaboración para esclarecer las actividades de las estructuras ilegales. También se contemplan aportes para localizar personas desaparecidas y entregar a menores reclutados o secuestrados.
Además, el esquema mantiene las órdenes de captura, los procesos de extradición y las operaciones militares. De esta manera, el acercamiento de una organización al procedimiento de sometimiento no supone que el Estado suspenda sus actuaciones. Las penas privativas de la libertad deberán cumplirse en establecimientos bajo responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
Reconocimiento al Congreso y al ministro de Justicia
Durante su pronunciamiento, De la Espriella destacó la gestión del ministro de Justicia, Iván Cancino, y agradeció al Congreso por respaldar la iniciativa. El funcionario, por su parte, reconoció la participación de congresistas, coordinadores y ponentes en la construcción del proyecto, cuyo trámite estuvo marcado por discusiones sobre beneficios, sanciones y recursos de seguridad.
Finalmente, el presidente sancionó la ley el 4 de noviembre, después de su aprobación legislativa. La nueva normativa establece la ruta del Gobierno para que integrantes de grupos ilegales abandonen sus actividades y respondan ante la justicia. Su aplicación deberá concretar las condiciones de acceso a beneficios y las obligaciones exigidas a quienes decidan acogerse al mecanismo.
