Expectativa ante el fallo de la Corte Constitucional
A pocos días de que la Corte Constitucional defina el futuro de la reforma pensional, aumentan los análisis sobre sus posibles efectos en el ahorro nacional, la sostenibilidad fiscal y la equidad de género.
El abogado y experto en derecho laboral Camilo Cuervo explicó a SEMANA que la discusión sobre el impacto en las mujeres trabajadoras tiene dos dimensiones distintas: una relacionada con la formalización laboral y otra con la reducción de semanas de cotización.
Efectos de la reforma en las mujeres y el trabajo informal
Cuervo aclaró que la reforma laboral no contiene medidas concretas para mejorar la situación de las mujeres, sino una declaración de principios orientada a promover políticas públicas de formalización y contratación femenina.
En cuanto a la reducción de semanas, recordó que esta medida deriva de una demanda contra la Ley 100 de 1993, la cual llevó a que la Corte determinara que, para 2032, las mujeres podrán pensionarse con 1.000 semanas, frente a las 1.300 actuales.
“Son discusiones relacionadas, pero no iguales”, enfatizó Cuervo.
Equidad y sostenibilidad del sistema
El experto considera que la disminución de semanas promueve la equidad, pero también representa un riesgo financiero para el sistema.
“Vivimos más años, pero cotizamos menos. Eso vuelve al sistema financieramente inviable”, advirtió.
No obstante, defendió la diferencia de edad y tiempo entre hombres y mujeres, al considerar que reconoce el doble rol femenino —laboral y familiar— y resulta necesaria y justa.
Respecto a la informalidad, Cuervo señaló que no hay una relación directa, e incluso menos semanas podrían incentivar la contratación formal, al reducir el riesgo de fuero prepensional para los empleadores.
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Ajustes requeridos para fondos privados y Colpensiones
Cuervo afirmó que el país necesita una transformación estructural del sistema pensional, que combine la protección estatal y el esfuerzo individual.
Explicó que Colpensiones debe enfocarse en los trabajadores de bajos ingresos, mientras que quienes ganen más de un salario mínimo deberían cotizar en fondos privados, donde la pensión dependa de sus aportes y rendimientos.
“El Estado debe garantizar una pensión mínima a través del pilar público, pero el resto debe ser autofinanciado por los trabajadores”, puntualizó.
Formalización, más importante que educación financiera
Para Cuervo, el problema central no es la falta de educación financiera, sino la escasa formalización laboral.
“No es que las personas no entiendan el sistema, es que no cotizan. Si lo hicieran de manera constante, tarde o temprano tendrían una pensión.”
El experto insistió en que el reto es cultural, y que los fondos deben acompañar técnicamente a los afiliados para garantizar la permanencia en el sistema.
Impacto macroeconómico del posible descenso del ahorro
Según estimaciones gremiales, la reforma podría reducir el ahorro pensional del 27 % al 20 % del PIB, algo que Cuervo considera “terrible” para la economía nacional.
“Si los aportes privados disminuyen, la carga recaerá sobre el Estado y los contribuyentes”, alertó.
El experto recordó que uno de los mayores logros de la Ley 100 de 1993 fue involucrar al sector privado en la protección social. Retirar ese componente —como propone el Gobierno Petro— sería, según él, “un retroceso que reduciría la eficiencia y aumentaría la carga fiscal del Estado”.
Conclusión: un debate sobre sostenibilidad y equidad
El diálogo con SEMANA concluyó con una advertencia: estatizar completamente los sistemas de salud y pensiones pondría en riesgo los avances alcanzados en las últimas tres décadas.
Cuervo subrayó que el desafío no está solo en garantizar equidad, sino en preservar la sostenibilidad del sistema para evitar que la carga pensional termine afectando la estabilidad económica del país.
