La Iglesia de San Pedro Claver, ubicada en la Plaza de San Pedro Claver, uno de los monumentos históricos y arquitectónicos más importantes de Cartagena. Construida a principios del siglo XVIII, testigo de múltiples cambios a lo largo de su historia. Fue conocida como la iglesia de San Ignacio de Loyola y posteriormente como la iglesia de San Juan de Dios. Enfrentó numerosas vicisitudes tras la expulsión de los jesuitas ordenada por el rey Carlos III en 1767 y nuevamente en los años de 1850 y 1861, en los primeros años de la época republicana en Colombia. En este período, el templo sirvió como parque para el cuartel adyacente, quien ocupó parte del antiguo colegio. Su arquitectura es un reflejo del estilo jesuítico, su enfoque en la predicación. Su fachada fue tallada en piedra de la isla de Tierra bomba, lo que le otorga un aspecto único. En su interior el altar mayor de mármol, importado de Italia por el obispo Eugenio Biffi, alberga las reliquias de San Pedro Claver en una urna de bronce dorado y cristal, donada por el Papa León XIII. Sufrió una transformación significativa cuando la cúpula original, conocida como la típica «media naranja», fue reemplazada por la actual, diseñada por el arquitecto francés Gaston Lelarge. Lo que marcó una diferencia estilística notable en comparación con otras iglesias barrocas de la época, según el experto Germán Téllez, quien describió el templo como «una mezcla abigarrada de orígenes estilísticos» Cuenta con un segundo piso situado sobre las capillas, interconectadas por arcos de medio punto y cubiertas por bóvedas de arista. Los restos de San Pedro Claver, quien dedicó su vida a evangelizar y redimir a los esclavos negros en la Nueva Granada, descansan en el altar de la iglesia. El interior se caracteriza por la sobriedad y severidad de sus elementos arquitectónicos, en contraste con la exuberancia barroca común en otras construcciones de la orden. La fachada de la iglesia es considerada una de las más ricas y monumentales de Cartagena.

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) emitió la Resolución No. 0000188 de 2023 y, posteriormente, la Resolución No. 000085 de 2024, mediante las cuales modificó y complementó la licencia ambiental otorgada a la Sociedad Fotovoltaico Yarumo S.A.S. para el desarrollo del proyecto «Parque Fotovoltaico Baranoa I 19,9 MW y línea de tensión de 110 kV» en el municipio de Baranoa, Atlántico. La Resolución 0000188 de 2023 modificó varios aspectos relevantes de la licencia original. En primer lugar, suprimió la prohibición que impedía realizar actividades de aprovechamiento forestal y remoción de coberturas vegetales, aunque mantuvo restricciones para algunas intervenciones de infraestructura sobre cuerpos de agua, como la ocupación de cauces en zonas específicas. Adicionalmente, autorizó el aprovechamiento forestal que implicaba la tala de 1.722 árboles, con un volumen total de 491,3 metros cúbicos, pertenecientes a diversas especies y coberturas de la tierra, en un área de 49,91 hectáreas. El acto administrativo también estableció condiciones estrictas para la ejecución de estas actividades, incluyendo la implementación de medidas de manejo ambiental, la prohibición de intervenir zonas no autorizadas y la obligación de ajustar el plan de compensación forestal en un plazo máximo de 90 días. Igualmente, fijó el pago por concepto de seguimiento ambiental en la suma de $13.222.464,58, así como las obligaciones de actualización anual conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la disposición adecuada de residuos generados. Posteriormente, mediante la Resolución 000085 de 2024, la C.R.A. autorizó un nuevo aprovechamiento forestal complementario para el mismo proyecto, consistente en la tala de 19 individuos arbóreos ubicados en la zona de servidumbre de la línea de transmisión eléctrica de 110 kV. Esta intervención corresponde a especies como guayacán, trupillo, dividivi, carito, matarratón, campano, entre otras, con un volumen total de 8,86 metros cúbicos. Esta nueva autorización también quedó sujeta a estrictos condicionamientos, entre ellos la implementación de medidas de manejo ambiental previamente a la tala, la disposición adecuada de residuos vegetales, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Aprovechamiento Forestal Único, y la presentación de los respectivos informes de cumplimiento ambiental (ICA) ante la C.R.A. El aprovechamiento otorgado en 2024 estará vigente por el término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo. El valor por concepto de seguimiento ambiental correspondiente a esta nueva intervención se fijó en $1.319.510,52, con instrucciones específicas sobre los plazos y modalidades de pago. De esta manera, la C.R.A. continúa ejerciendo el control y seguimiento al desarrollo del proyecto fotovoltaico, garantizando que las actividades de aprovechamiento forestal y de infraestructura se realicen bajo parámetros técnicos y ambientales que mitiguen los impactos sobre el ecosistema local, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 📄 Descargue o consulte las resoluciones completas aquí: