El pasado 2 de noviembre, se llevó a cabo la demolición de la torre Aquarela, ubicada cerca del Castillo San Felipe, esta decisión fue tomada por el Distrito ante el riesgo que el proyecto representaba para el estatus de la ciudad como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la Unesco hace 40 años. Sin embargo, tras el derrumbe, la incertidumbre persiste para los compradores de los apartamentos de Aquarela, quienes invirtieron sus recursos en lo que prometía ser su hogar, y ahora, esperan que el Distrito de Cartagena les ofrezca una solución clara sobre cómo y cuándo recibirán una compensación por la pérdida de su inversión. Ante esto, el agente interventor del proyecto, Ángel Rodríguez Sánchez, dio a conocer los pasos a seguir para atender a las víctimas, según explicó, el proceso iniciará con un levantamiento topográfico que permitirá identificar y demarcar los lotes que están a nombre de la promotora del proyecto. “Vamos a hacer el levantamiento topográfico para poder demarcar hasta dónde está cada uno de los lotes que está a nombre de la promotora, para ver si eso ya se puede enajenar. Pero, los que están a nombre de la fiducia o el encargo fiduciario Aquarela, tocará liquidar el patrimonio autónomo que en este caso es Aquarela y, en ese orden de ideas, que la fiducia le dé lo que le corresponde a la constructora y así poder enajenarlo para comenzar la reparación de víctimas”, indicó Rodríguez Sánchez. El objetivo de este proceso es que, una vez se identifiquen y enajenen los bienes, los recursos obtenidos se destinen a la compensación económica de los afectados. Sin embargo, el proceso podría extenderse durante varios meses, dependiendo de la complejidad de la liquidación del patrimonio autónomo y de la disponibilidad de los recursos. Las víctimas del proyecto han exigido transparencia y celeridad en el proceso de reparación, dado que muchos de ellos han visto comprometidos sus ahorros de toda la vida, mientras tanto, las autoridades locales estan al pendiente de garantizar que los derechos de los afectados sean protegidos y que se realice una distribución justa de los recursos.

En un operativo contra el hurto, la Policía Nacional capturó en el barrio Getsemaní, ubicado en el Centro Histórico, a una mujer identificada como ‘Saday’, de 22 años, quien minutos antes había robado un teléfono de alta gama. Se conoció que la presunta delincuente es oriunda de Barranquilla y que, al realizarle una requisa minuciosa, le encontraron alrededor de 11 dispositivos adicionales, cuya procedencia no pudo justificar. Varios de los celulares incautados a esta mujer fueron devueltos a sus propietarios, mientras que el resto, junto con ella, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. A ‘Saday’ se le imputan cargos de hurto y está a la espera de su audiencia preliminar para definir su situación judicial.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, afirmó que el ajuste al presupuesto de la Contraloría Distrital para 2025 responde a hallazgos realizados por la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Hacienda, y aseguró que el control fiscal en la ciudad no está en riesgo. “El control fiscal en Cartagena no está en riesgo, y aumentar o disminuir presupuestos de forma caprichosa iría en contravía de nuestra visión de gobierno. Este ajuste se hizo cumpliendo con nuestra obligación hacia el máximo órgano rector fiscal: la Contraloría General de la República”, señaló el mandatario. Además, Turbay negó que esta medida tenga la intención de debilitar a los entes de control, subrayando: “Aquí no hay prepotencia alguna ni artimañas para debilitar a los entes que bien hacen en controlarnos, investigarnos y auditarnos para que el gobierno se optimice y las soluciones a las comunidades lleguen sin dilaciones o sobrecostos. Acatamos los hallazgos de anteriores administraciones y la orden del Plan de Mejoramiento que nos obligó a modificar el presupuesto para cumplir con la norma”. El proyecto de presupuesto 2025, presentado por la Alcaldía al Concejo Distrital, incluye una reducción en los recursos asignados a la Contraloría Distrital, pasando de 11 mil millones a 8 mil millones de pesos. Este recorte ha generado preocupación entre los funcionarios de la entidad, quienes protestaron durante la clausura del tercer periodo de sesiones del Concejo. Desde la Contraloría Distrital afirman que la medida podría limitar su operatividad y afectar a más de 90 empleados directos, además de contratistas. Sin embargo, la Alcaldía sostiene que la modificación es un ajuste necesario tras identificar irregularidades en la asignación presupuestal en años anteriores. Según un informe de la CGR, la Contraloría Distrital superó el límite de gasto permitido por la Ley 617 de 2000 y la Ley 1416 de 2010 en los últimos tres años. Este exceso fue atribuido a errores de cálculo que datan de 2010 y que provocaron un aumento desproporcionado en los presupuestos de años posteriores. El alcalde destacó que el ajuste no busca debilitar a la Contraloría, sino garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. “Acatamos los hallazgos de anteriores administraciones y cumplimos con la orden del Plan de Mejoramiento para optimizar los procesos del Distrito”, expresó.