La Selección Colombia se alista para enfrentar a Bolivia y Chile por las eliminatorias sudamericanas. La tricolor iniciará lo más pronto de la próxima semana un importante y exigente plan de adaptación a la altura en el que jugarán, 4150 metros sobre el nivel del agua en el Alto, un dato que hace que la selección Colombia tome estas medidas para estar preparados. El seleccionado nacional estará hospedado en Cochabamba, donde estarán concentrados hasta que se haga el traslado a la sede del compromiso justo un poco antes del duelo, esto para que los jugadores no sufran alguna distracción y tengan el mínimo contacto con las condiciones de la altura. “En Bolivia están asustados con todas las peticiones que hicieron en la Selección Colombia para el partido del jueves 10 de octubre. Recordemos que se concentran en Cochabamba”, indicó Javier Hernández Bonnet. Néstor Lorenzo, director técnico de la tricolor, habría pedido un par de peticiones que exigen la completa privacidad de la selección antes del partido. Habrían pedido un bloque, edificio o piso, en el hotel, para toda la selección, que esté sola. Además, 40 habitaciones, una torre entera; un gran despliegue de seguridad; 200 kilos de hielo y que no haya ninguna clase de contacto entre los empleados del hotel y los jugadores convocados. Eso no cayó nada bien en Bolivia porque demuestra que hay una marcada desconfianza y a nadie le gusta que duden de uno, más allá de que no es la primera vez que pasa algo similar. Es más, en la época de José Néstor Pékerman, solían hacerlo”, señalaron. Luego del encuentro, la selección Colombia tomará sus maletas y viajara a la sede de Barranquilla y prepararse para su encuentro contra Chile.

Una de las medidas que ha sorprendido al mundo por parte del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es la firma de la orden ejecutiva que suspende temporalmente el programa de ayudas económicas al exterior. La decisión, que va por 90 días, colocará en estudio a los países a ver si se alinean a con intereses estratégicos en torno al narcotráfico, migración y crisis política.  Hablando de Colombia, estarían en vilo acerca de 380 millones de dólares que entran de la nación americana como un impulso para la lucha antidrogas y proyectos que giran a favor de la inversión social. Durante este periodo, la administración de Trump evaluará, si Colombia presenta condiciones para visibilizar la gestión de este importante recurso.  Sin duda, la puesta en pausa de la ejecución de estos recursos no solo repercute en el ámbito político de Colombia, sino en las comunidades colombianas que dependen de estos recursos. Dicha suspensión  resalta la presión que desde dicho gobierno se hace para garantizar que los países receptores estén alineados a los intereses y prioridades del mundo global.

La Personería Municipal de Turbaco emitió un auto de apertura de investigación disciplinaria contra los exsecretarios de Planeación David William Padilla Castro, Eduin Enrique Morillo Valdemar, Luis Jerónimo Marrugo Espinosa y Jairo Segundo Nieto Cortecero, por presuntas irregularidades en la expedición de licencias urbanísticas durante sus períodos en el cargo.

 El proceso surge a raíz de presuntas omisiones de funciones, incumplimiento de deberes y extralimitación en la expedición de licencias urbanísticas en diferentes modalidades, sin cumplir con los requisitos legales establecidos en el Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1783 de 2021 y la Resolución 1025 de 2021.

 Investigación basada en denuncias y hallazgos preliminares

 La investigación disciplinaria se enfoca en las licencias otorgadas a proyectos inmobiliarios como Urbanización Las Acacias, Altos de la Constancia, Condominio Milán, Altos del Poblado y Blue Garden. Según el informe del actual secretario de Planeación, algunos de estos proyectos carecían de documentación esencial, como factibilidad de servicios públicos y permisos específicos.

Por ejemplo, en el caso de Altos de la Constancia, se otorgó una licencia de parcelación sin contar con la certificación de factibilidad de servicios públicos, un requisito indispensable. Similarmente, en el proyecto La Cumbre, solo se presentó un informe técnico para el servicio de agua potable, sin evidencia de prestación efectiva del servicio, entre otras irregularidades. 

Impacto y alcance de la investigación

Ivan Roca Álvarez, personero de Turbaco, destacó que esta investigación busca garantizar el cumplimiento de la normatividad urbanística y proteger los derechos de la comunidad, afectada por posibles anomalías en proyectos de vivienda. Según lo establecido en la Ley 1952 de 2019, este proceso disciplinario tiene fines preventivos y correctivos.
 De confirmarse las irregularidades, los exsecretarios podrían enfrentar sanciones que incluyen desde amonestaciones hasta destituciones e inhabilidades para ejercer cargos públicos. 

La Personería anunció que continuará recopilando pruebas y realizando un análisis detallado de los expedientes para determinar la responsabilidad de los implicados.

 “Nuestro objetivo es garantizar la legalidad y la transparencia en la administración pública, especialmente en temas tan sensibles como el desarrollo urbanístico”, enfatizó el Personero de Turbaco.

Se espera que el proceso permita esclarecer las posibles irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes. 

La Agencia del Ministerio Público alerta a la ciudadanía sobre el aumento de casos de irregularidades en proyectos inmobiliarios que no cumplen con las certificaciones y licencias urbanísticas exigidas por la ley. Ante esta situación, hace un llamado a los futuros propietarios y compradores para que se aseguren de que los proyectos cuenten con las debidas certificaciones y licencias, así como la factibilidad otorgada por las empresas de servicios públicos inmobiliarios.

 La entidad señala que, en algunos casos, las construcciones avanzan sin contar con los permisos requeridos, lo que pone en riesgo no solo la inversión de los compradores, sino también la seguridad y la sostenibilidad de las obras. Además, se han detectado proyectos que no cumplen con los estándares necesarios para garantizar el acceso a servicios públicos esenciales, lo cual puede derivar en serios inconvenientes para las comunidades afectadas. 

 En este sentido, el Ministerio Público insta a las autoridades municipales y departamentales a fortalecer los controles sobre las actividades urbanísticas y sancionar con rigor a quienes incumplan la normatividad vigente. Asimismo, reitera la importancia de fomentar una cultura de legalidad y transparencia en el sector inmobiliario.

 Finalmente, invita a los ciudadanos a realizar consultas previas con las entidades correspondientes para verificar la legalidad y viabilidad de los proyectos antes de realizar cualquier transacción. Este esfuerzo conjunto es clave para garantizar un desarrollo urbano ordenado y sostenible que respete los derechos de los ciudadanos. Información suministrada a prensa.