Una de las medidas que ha sorprendido al mundo por parte del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es la firma de la orden ejecutiva que suspende temporalmente el programa de ayudas económicas al exterior. La decisión, que va por 90 días, colocará en estudio a los países a ver si se alinean a con intereses estratégicos en torno al narcotráfico, migración y crisis política.  Hablando de Colombia, estarían en vilo acerca de 380 millones de dólares que entran de la nación americana como un impulso para la lucha antidrogas y proyectos que giran a favor de la inversión social. Durante este periodo, la administración de Trump evaluará, si Colombia presenta condiciones para visibilizar la gestión de este importante recurso.  Sin duda, la puesta en pausa de la ejecución de estos recursos no solo repercute en el ámbito político de Colombia, sino en las comunidades colombianas que dependen de estos recursos. Dicha suspensión  resalta la presión que desde dicho gobierno se hace para garantizar que los países receptores estén alineados a los intereses y prioridades del mundo global.

Los #gremios de Atlántico y Bolívar han expresado su inconformidad con la solicitud de una licencia ambiental para el proyecto de restauración del #Canal del Dique, un plan que busca recuperar los ecosistemas degradados a lo largo de sus 115 kilómetros. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, recientemente exigió este trámite, lo que ha sido considerado por los gremios como innecesario, ya que el proyecto tiene precisamente un enfoque ambiental. En su comunicado, el Consejo Gremial de Bolívar e Intergremial Atlántico expresaron los beneficios que el proyecto traería para la región, como la reducción de inundaciones, la recuperación del Parque Natural Corales del Rosario y la mejora en la calidad del agua para los acueductos locales. Además, destacan que el uso del canal ayudaría a reducir las emisiones de CO2 al aumentar el transporte fluvial. Para estas entidades, el proyecto no solo ayudará al medio ambiente, sino que también generará oportunidades económicas en la región, con más de 60 mil empleos y un impulso para la agricultura, la pesca y el turismo en zonas necesitadas. Por eso, hicieron un llamado al Gobierno y a las entidades involucradas para agilizar los trámites y evitar retrasos que frenen las obras. “Lo importante es arrancar cuanto antes con esta iniciativa que tanto necesita la región”, concluyeron.