Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.

La Constitución Política del Estado de Cartagena de Indias fue aprobada el 14 de junio de 1812, marcando una ruptura definitiva con España. Este hecho sucedió siete meses después de que la ciudad declarara su independencia absoluta, dando lugar a una Constitución para consolidar su autonomía. Siendo así, el origen de esta Constitución se remonta al 11 de noviembre de 1811, cuando fuerzas populares lideradas por Pedro Romero, desde Getsemaní forzaron a la junta a firmar el Acta de Independencia Absoluta y que, sin duda, este movimiento impulsado por mulatos y pardos, fue clave para el desarrollo de los principios que guiarían el nuevo Estado. Por ello, el preámbulo de la Constitución establecía la legitimidad de un cuerpo político basado en la asociación de individuos, el derecho a gobernarse a sí mismos y la creación de un pacto entre ciudadanos para buscar el bien común, con la finalidad de que un gobierno civil representara los intereses de la población. La participación de 30 constituyentes—personas encargadas de redactar y aprobar una constitución— fue clave en la creación del documento y que estos representantes se distribuyeron entre Cartagena (14), Mompox (4), San Benito (6), Tolú (5) y Simití (1). Fuente: BanrepculturalCréditos de imagen: MUHCA