La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre el riesgo de una posible terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Esta situación podría acarrear graves consecuencias económicas y ambientales para la región y el país. El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que finalizar anticipadamente este contrato implicaría un pago de hasta $350.000 millones al concesionario, sin que se hayan logrado avances significativos en la restauración ambiental prevista. Hasta el momento, solo se han realizado obras menores de mejoramiento vial y algunos dragados de mantenimiento en el canal. Además, la terminación del contrato dejaría sin solución problemas ambientales que afectan a aproximadamente 1,5 millones de personas en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Estos problemas incluyen bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en temporadas de sequía y excesiva sedimentación La Contraloría también advirtió que nuevos requisitos, como la exigencia de una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la implementación de un protocolo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el canal y la realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, podrían retrasar aún más el proyecto. Ante este panorama, el contralor instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a gestionar adecuadamente estos riesgos para evitar la terminación anticipada del contrato y proteger los intereses públicos y ambientales de la región. La restauración del Canal del Dique es considerada un proyecto de importancia estratégica para la nación, con una inversión estimada de $3,26 billones, destinada a mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas y preservar ecosistemas clave en la región Caribe.

El Cemento Verde de Argos celebra su quinto aniversario con cifras que consolidan su impacto en la industria y el medio ambiente. En 2024, la compañía vendió más de 2,7 millones de toneladas de este producto en Colombia, representando más del 70 % de sus ventas totales en el país. La implementación de arcillas calcinadas en su Planta Rioclaro y el uso de escoria en Sogamoso y Cartagena han sido clave en la reducción de la huella de carbono del cemento, sin comprometer su calidad y resistencia. Desde su lanzamiento en 2020, Cemento Verde ha permitido mitigar la emisión de millones de kilogramos de CO2. Solo en 2024, la venta de Cemento de Uso General evitó la liberación de más de 402 millones de kilogramos de dióxido de carbono, el equivalente a retirar más de 86.000 vehículos de circulación. Por su parte, el Cemento Estructural Max logró una reducción adicional de 179 millones de kilogramos de CO2, comparable al consumo eléctrico de 1,1 millones de viviendas en un año. A pesar de los retos iniciales, como la percepción errónea sobre su color, la apuesta de Argos por un cemento más sostenible ha sido un éxito. “Hoy somos considerados pioneros y un referente mundial en la industria de materiales de la construcción por incursionar en el desarrollo de productos más sostenibles y eficientes”, destacó Claudia Ochoa, gerente de Sostenibilidad de Argos en Colombia. De cara al futuro, la compañía proyecta superar los 2,5 millones de toneladas de arcillas calcinadas utilizadas para 2030, reafirmando su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.