La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre el riesgo de una posible terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Esta situación podría acarrear graves consecuencias económicas y ambientales para la región y el país. El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que finalizar anticipadamente este contrato implicaría un pago de hasta $350.000 millones al concesionario, sin que se hayan logrado avances significativos en la restauración ambiental prevista. Hasta el momento, solo se han realizado obras menores de mejoramiento vial y algunos dragados de mantenimiento en el canal. Además, la terminación del contrato dejaría sin solución problemas ambientales que afectan a aproximadamente 1,5 millones de personas en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Estos problemas incluyen bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en temporadas de sequía y excesiva sedimentación La Contraloría también advirtió que nuevos requisitos, como la exigencia de una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la implementación de un protocolo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el canal y la realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, podrían retrasar aún más el proyecto. Ante este panorama, el contralor instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a gestionar adecuadamente estos riesgos para evitar la terminación anticipada del contrato y proteger los intereses públicos y ambientales de la región. La restauración del Canal del Dique es considerada un proyecto de importancia estratégica para la nación, con una inversión estimada de $3,26 billones, destinada a mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas y preservar ecosistemas clave en la región Caribe.

En la madrugada del domingo 15 de diciembre, tres presos se fugaron de la estación del municipio de Magangué, por lo que la Policía Nacional se encuentra indagando el hecho para determinar las causas en tiempo, modo y lugar. De momento, la información preliminar apunta a que los sujetos utilizaron una segueta para cortar las varillas que cubren el techo de ese recinto. Asimismo, la Policía estableció que la fuga se habría dado a eso de las 5:45 am y que una vez se evidenció la huida por parte de los delincuentes se activó un protocolo de «plan candado», en el que se desplegó personal humano y herramientas tecnológicas para dar con la ubicación de los fugitivos. “Es importante informar que se coordinó con la Fiscalía General de la Nación y con nuestro grupo de disciplina y penal militar para determinar si en este delito de fuga de presos hay alguna mala conducta por parte de alguno de nuestros funcionarios”, explicó Alejandro Reyes, comandante de la Policía en Bolívar. Los tres hombres que burlaron el sistema de seguridad de este centro carcelario fueron identificados Pablo Emilio Caro Rivera, Ruan Emilio Posso Durango y Deivis Cabrales Campo, de 61, 31 y 37 años respectivamente. En su haber, se registran anotaciones judiciales relacionadas con delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, concierto para delinquir y extorsión. La Policía de Bolívar puso a disposición de la ciudadanía el número, 3203053057, para quienes mantengan información que ayude a dar con el paradero de los sujetos.