En inmediaciones del kilómetro 42 del municipio de Marialabaja, la Policía Nacional, a través de su unidad de tránsito y transporte del departamento de Bolívar, logró la captura de un hombre de 36 años que se movilizaba en un vehículo transportando 40 paquetes de marihuana con destino a Cartagena. El sujeto habría aprovechado el corredor humanitario habilitado para que pasara una ambulancia y así poder cruzar con los estupefacientes. Sin embargo, las autoridades lograron interceptarlo y capturarlo. Una vez detenido, los uniformados realizaron una inspección al vehículo, en la cual encontraron el cargamento de 40 paquetes prensados de la sustancia ilícita. El alijo provenía de Coveñas, Sucre, y estaba destinado a surtir algunos expendios en la ciudad de Cartagena. En las investigaciones, se determinó que el implicado, identificado como Benjamín Alonso Torres Ospina, cuenta con un historial de siete anotaciones por el mismo delito. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a la espera de que se resuelva su situación judicial.

En el camino hacia un futuro más equitativo, #USAID y #Camacol #Bolívar lideran el programa #Construimos a la #Par, promoviendo espacios libres de violencia, miedo y discriminación para mujeres, niñas y adolescentes. Este esfuerzo busca garantizar que cada una pueda desarrollarse plenamente en un entorno que respete sus derechos. El programa no solo impulsa iniciativas de formación, sino que también trabaja en la recuperación de espacios públicos donde las mujeres se sientan protegidas y valoradas. Con un enfoque integral, Construimos a la Par se posiciona como una herramienta de transformación social que aboga por comunidades más inclusivas.

La congresista Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde, presentó su propuesta de ley ‘Matrimonio sin secretos’, que tiene como objetivo reducir la violencia intrafamiliar y los feminicidios en Colombia.  Por ello, esta iniciativa propone que ambos integrantes de la pareja se sometan a un examen psicológico voluntario antes de casarse. En se sentido, en una reciente entrevista con Noticias Caracol, la congresista, Olga Lucía Velázquez explicó: «Con esta confesión se genera confianza; no se trata de evitar el matrimonio, sino de conocer con quién se está casando». Lo anterior consiste en que, si uno de los contrayentes se niega a realizarse el examen y luego se descubre que oculta información importante, su pareja podrá acudir a la Comisaría de Familia para solicitar la nulidad del matrimonio.  Siendo así, el proyecto no pretende estigmatizar el matrimonio, sino fomentar la conciencia sobre la pareja con la que se elige compartir la vida.

El pasado 2 de noviembre, se llevó a cabo la demolición de la torre Aquarela, ubicada cerca del Castillo San Felipe, esta decisión fue tomada por el Distrito ante el riesgo que el proyecto representaba para el estatus de la ciudad como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la Unesco hace 40 años. Sin embargo, tras el derrumbe, la incertidumbre persiste para los compradores de los apartamentos de Aquarela, quienes invirtieron sus recursos en lo que prometía ser su hogar, y ahora, esperan que el Distrito de Cartagena les ofrezca una solución clara sobre cómo y cuándo recibirán una compensación por la pérdida de su inversión. Ante esto, el agente interventor del proyecto, Ángel Rodríguez Sánchez, dio a conocer los pasos a seguir para atender a las víctimas, según explicó, el proceso iniciará con un levantamiento topográfico que permitirá identificar y demarcar los lotes que están a nombre de la promotora del proyecto. “Vamos a hacer el levantamiento topográfico para poder demarcar hasta dónde está cada uno de los lotes que está a nombre de la promotora, para ver si eso ya se puede enajenar. Pero, los que están a nombre de la fiducia o el encargo fiduciario Aquarela, tocará liquidar el patrimonio autónomo que en este caso es Aquarela y, en ese orden de ideas, que la fiducia le dé lo que le corresponde a la constructora y así poder enajenarlo para comenzar la reparación de víctimas”, indicó Rodríguez Sánchez. El objetivo de este proceso es que, una vez se identifiquen y enajenen los bienes, los recursos obtenidos se destinen a la compensación económica de los afectados. Sin embargo, el proceso podría extenderse durante varios meses, dependiendo de la complejidad de la liquidación del patrimonio autónomo y de la disponibilidad de los recursos. Las víctimas del proyecto han exigido transparencia y celeridad en el proceso de reparación, dado que muchos de ellos han visto comprometidos sus ahorros de toda la vida, mientras tanto, las autoridades locales estan al pendiente de garantizar que los derechos de los afectados sean protegidos y que se realice una distribución justa de los recursos.