Este jueves 13 de junio, el Hospital Universitario del Caribe (HUC) ha obtenido la membresía en la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, destacando su trabajo en gestión de residuos, uso responsable del agua, manejo de sustancias químicas y eficiencia energética. Este reconocimiento refleja el compromiso del hospital con la sostenibilidad ambiental, un esfuerzo coordinado por la gerencia y la subgerencia administrativa. La auditoría para obtener la membresía destacó esos cuatro pilares en los que el hospital ha demostrado un notable desempeño. Con la membresía, el hospital se compromete a mantener y fortalecer estos ejes, integrándolos en su plan operativo anual de gestión ambiental. Este compromiso asegura que el hospital continúe siendo un líder en sostenibilidad mientras proporciona servicios de alta calidad. La gestión de este reconocimiento estará a cargo del departamento de Gestión Ambiental, dirigido por Jackeline González, quien garantizará la implementación efectiva de las prácticas sostenibles. La gerencia del HUC, encabezada por Rodrigo Arzuza, ha sido fundamental en esta iniciativa, demostrando su dedicación a prácticas sostenibles y responsabilidad social, estableciendo un ejemplo para otras instituciones de salud.

Las empresas de servicios públicos de Cartagena han declarado la guerra a las conexiones ilegales. Agua de Cartagena, Afinia y Surtigas, en alianza con la Policía y la Fiscalía, han puesto en marcha una campaña para frenar el fraude en el uso de agua, energía eléctrica y gas, delitos que pueden llevar a prisión a quienes los cometan. La iniciativa busca identificar, denunciar y judicializar a todas las personas que incurran en estas prácticas ilegales, las cuales están tipificadas en la ley y pueden acarrear sanciones penales severas, incluyendo cárcel. Según datos de las empresas prestadoras del servicio, en Cartagena existe un alto número de usuarios que se conectan de manera ilegal, afectando la calidad del servicio y generando pérdidas millonarias. Como parte de la estrategia las empresas han dispuesto canales de denuncia anónimos para que los ciudadanos informen sobre conexiones ilegales sin temor a represalias. Estas denuncias serán evaluadas por las autoridades y podrían derivar en procesos judiciales contra los responsables. Recordemos que el código penal colombiano contempla penas de prisión para quienes cometan fraude en los servicios públicos, considerando estas acciones como delitos contra el patrimonio económico.