Recientemente, resurgió en la esfera política una propuesta que, aunque puede parecer innovadora, encierra riesgos profundos para la unidad del departamento de Bolívar. Durante los primeros días del gobierno del presidente Petro, se mencionó la idea de crear un nuevo departamento compuesto por municipios del Zode Magdalena Medio Bolivarense: Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Morales y Arenal. Esta iniciativa, que permaneció en silencio, ha sido revivida por una congresista, quien propone añadir otros municipios como El Peñón, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Altos del Rosario, Norosí, Regidor, Tiquisio y Río Viejo, con Aguachica como capital. ¿Es realmente necesario fragmentar lo que debe permanecer unido? En medio del conflicto y la disputa territorial que se vive en el sur de Bolívar, la respuesta es clara. La unidad no es solo un ideal abstracto; es una necesidad urgente para asegurar una gobernanza territorial eficaz. Separar estos municipios, muchos de los cuales carecen de una identidad sociológica compartida con la supuesta nueva entidad territorial, es un error que solo agravaría las tensiones existentes. No se puede ignorar, además, el trabajo realizado en los últimos años para mejorar la calidad de vida en el sur de Bolívar. Las inversiones del departamento en estas comunidades son prueba de un compromiso que no debe ser subestimado por discursos separatistas que, en el fondo, parecen más impulsados por intereses electorales y populistas que por un genuino interés en el bienestar de la población. El Plan de Desarrollo “Bolívar me Enamora”, presentado por el gobernador Yamil Arana, es una hoja de ruta seria que busca conectar el departamento de norte a sur, no solo a través de infraestructura, sino también mediante inversiones sociales clave para reducir la pobreza. Esta propuesta es no solo lógica, sino necesaria, y cualquier intento de fragmentación sería un retroceso en los avances logrados hasta ahora. Es crucial entender que la creación de un nuevo departamento no es simplemente una cuestión administrativa; es un movimiento con profundas implicaciones políticas y sociales. La idea de separar municipios bajo el pretexto de una supuesta mejor administración territorial es, en realidad, un juego peligroso que oculta fines electoralistas. Es una maniobra diseñada para desviar la atención de la falta de resultados del gobierno nacional, utilizando como peones a las comunidades más vulnerables. Columna escrita por Alonso J. del Río Jiménez. No representa conceptos, posturas ni opiniones del periódico.

La actriz, modelo y periodista cordobesa Clary Borja, debutó en la segunda temporada de la serie televisiva internacional «Paraiso Blanco 2», sobre la vida del narcotraficante colombiano Carlos Lehder, representando el papel de la cubana Jefe de la Oficina Antinarcóticos en la Florida, Estados Unidos, Lara Montesinos. Esta talentosa actriz, hija de los también actores, teatreros y cuenteros Alberto Borja (qepd) y Dora Malo, obtuvo este estelarisimo papel luego de presentar tres casting y fuera escogida para actuar en esta serie original de la plataforma VIX interpretando a quien es la encargada de la persecución y captura del capo del narcotráfico. La serie tiene como productora a Amparo Gutiérrez, es dedicada al primer colombiano extraditado a Estados Unidos y quien hiciera parte del extinto Cartel de Medellín y socio del capo Pablo Escobar Gaviria.Clary, nos recuerda que esta serie se estrenó el pasado 18 de julio, consta de 15 capítulos, fue producida por Caracol Televisión y ha sido una experiencia muy enriquecedora porque le tocó aprender el manejo de armas como también del cuerpo, por el rol de policía que interpreta. Señala que ella como cabeza visible del grupo que persigue a Lehder, les toca vivir situaciones muy complicadas y en una especie de juego del «gato y el ratón», logran su objetivo, la captura del narcotraficante. Desde niña, Clary estudia actuación y le aprendió mucho a sus padres en Cartagena y siempre soñaba con llegar a la televisión y por ello, se preparó y no deja de hacerlo, lo cual le ha permitido interpretar un sin número de papeles en telenovelas que han marcado rating en Colombia. En la recordaba serie sobre la vida del fallecido cantante vallenato Kaleth Morales, interpretó a su novia, como también ha obtenido otros papeles en series televisivas como la nueva versión de Nuevo Rico Nuevo Pobre de Caracol Televisión, y en otra serie que está por estrenarse próximamente Klass 95, sobre el modelaje en Colombia en los años 90. Dice sentirse afortunada porque los papeles que ha protagonizado le han permitido ganar cada día más y nuevas experiencias, y se siente dichosa de actuar, porque eso es lo que más le apasiona,  una hermosa herencia de sus padres. Créditos Mundo Noticias.

El Gobierno de Colombia, a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS), ha entregado 311 obras de infraestructura social y comunitaria en los dos primeros años de la administración del presidente Gustavo Petro. Estas iniciativas, distribuidas en 304 municipios de 24 departamentos, buscan mejorar las condiciones de vida y promover la inclusión social y productiva de más de un millón de personas. Inversiones realizadas El DPS ha destinado aproximadamente 559.000 millones de pesos a la construcción y mejora de estas infraestructuras. Las obras incluyen: Estas construcciones han contado con la participación activa de las comunidades beneficiadas, lo que ha permitido adaptar los proyectos a las necesidades específicas de cada región. Plaza de Mercado en Arboletes, obra número 300 Una de las obras más destacadas es la nueva Plaza de Mercado Antioquia, inaugurada en el municipio de Arboletes, Antioquia. Este proyecto, financiado completamente por Prosperidad Social con una inversión cercana a los 6.674 millones de pesos, representa un avance significativo para el comercio local. La plaza cuenta con 92 locales distribuidos en dos niveles y está diseñada para generar empleo directo para más de 1.000 personas, beneficiando indirectamente a alrededor de 5.000 habitantes de la región. Además, esta obra busca dinamizar la economía local al proporcionar un espacio moderno y funcional para los comerciantes y consumidores. Impacto social y comunitario El objetivo de estas iniciativas es reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y fortalecer las oportunidades económicas en las comunidades más vulnerables del país. Las obras entregadas no solo mejoran la infraestructura física, sino que también impulsan la generación de empleo y el acceso a servicios esenciales. Perspectivas a futuro El DPS continúa trabajando en la identificación, diseño y ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social de Colombia. Según Gustavo Bolívar, director del DPS, la prioridad es garantizar que los recursos asignados sean utilizados de manera eficiente y transparente para maximizar su impacto en las comunidades. Estas obras son parte del compromiso del Gobierno Nacional con el cierre de brechas sociales y económicas en el país, una tarea que, según las autoridades, seguirá siendo prioritaria en los próximos años.

La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el interventor a cargo de las obras de restauración del Palacio de la Proclamación en Cartagena. Se le acusa de haber aceptado dichas obras, adscritas a la Gobernación de Bolívar, a pesar de que no se encontraban completamente terminadas. El señalado es Rafael Eduardo Zamora Melo, representante legal de la firma Intercabildo, encargada de la interventoría. Se le atribuye una posible omisión en su deber de supervisión, dado que las obras, en las que se invirtieron 47.863 millones de pesos provenientes de regalías, no habrían sido debidamente vigiladas durante su ejecución. De acuerdo con la Procuraduría, Zamora Melo firmó un acta de recibo de las obras el 9 de enero de 2020, certificando que estaban completadas, a pesar de que aún no se habían cumplido todos los términos del contrato. Más adelante, en diciembre de 2020, se firmó el acta de finalización del contrato, persistiendo aparentes incumplimientos. El auto de cargos indica que al haber certificado la obra como finalizada sin que estuviera totalmente ejecutada, Zamora Melo habría incumplido con su deber como representante legal de la firma interventora, quien temporalmente desempeñaba una función pública. Esta conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de dolo.