El Convento de Santa Clara, ubicado en el  barrio de San Diego en Cartagena, ha sido testigo de múltiples transformaciones a lo largo de los siglos, desde su fundación como monasterio en el periodo colonial, hasta su conversión en hospital, manicomio y, más recientemente, un lujoso hotel. Este edificio ha acumulado no solo historia, sino también misterios, uno de los más intrigantes es el destino del altar de su capilla, un tesoro artístico que desapareció sin dejar rastro. El altar, una obra de arte que adornaba la capilla del claustro, fue desmantelado junto con otros objetos de valor en 1975, cuando el Hospital Santa Clara se trasladó a Zaragocilla, según algunas versiones, Eduardo Lemaitre Román, en su afán por preservar el patrimonio de Cartagena, coordinó el rescate de este altar, los detalles sobre su destino inicial son claros: se desmontó pieza por pieza en un trabajo minucioso y fue trasladado temporalmente para evitar que el abandono y el saqueo lo destruyeran. Sin embargo, aquí comienza el enigma. Algunos testigos aseguran que el altar fue llevado al Convento de La Popa, donde se ensambló nuevamente. Pero esta versión choca con otros relatos que sostienen que, antes de completar su traslado, el altar desapareció misteriosamente. Para muchos, el altar nunca llegó a La Popa, rumores apuntan a que salió de Cartagena, posiblemente a manos de coleccionistas privados o comerciantes de arte. Otras versiones más locales sugieren que se trasladó a otro convento o iglesia de la ciudad y quedó en el olvido. Aún más inquietante es la idea de que el altar haya sido saqueado y sus piezas distribuidas en el mercado negro. Hoy, el altar desaparecido sigue siendo un misterio en Cartagena,  y aunque han pasado muchos años todavía siguen buscando respuestas sobre este magno altar.

El Juzgado Catorce Penal de Cartagena ordenó a través de un fallo de tutela rectificar en un plazo de 48 horas las declaraciones realizadas por el veedor ciudadano, Ángel Mier Blanquicett, en contra del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, tras proferir por medio de un video de WhatsApp afirmaciones que afectarían al buen nombre y a la honra del mandatario. En el video difundido por medio de esta plataforma de mensajería, Mier Blanquicett habría sugerido que la muerte de Jairo Javier Gil Rodríguez, miembro de la Asociación de Cocheros de Cartagena, estaría asociada al proyecto de transición de coche de tracción animal a coches eléctricos impulsado por la Alcaldía Mayor de Cartagena. Ante esto, Turbay declaró para El Universal que pese a estar expuesto a la crítica ciudadana como gobernante, no es legal que lo señalen de «matón»: «Como gobernante soy proclive del control político o de la crítica ciudadana, pues no somos perfectos y siempre habrá asignaturas pendientes que tenemos el ímpetu de resolver; sin embargo, no es justo, ni legal, ni está bien que me señalen de matón o que promuevo acciones criminales». Por su parte, el concejal Javier Julio Bejarano también estableció una demanda contra el mismo veedor por realizar en varias ocasiones declaraciones injuriosas en contra de su persona e implicando también en el homicidio de un miembro de la Asociación de cocheros de Cartagena. Sin embargo, la demanda interpuesta por el cabildante fue rechazada por el Juzgado Cuarto Penal. En el fallo, se señala que la decisión no fue impugnada y que el caso será remitido a la Corte Constitucional para que sea puesto a revisión.Imagen png extraída de El Universal.