El pasado viernes 9 de febrero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró un “paro armado indefinido” en el Chocó luego de haber acordado una prórroga del cese al fuego bilateral con el Gobierno Nacional hasta el próximo 3 de agosto.
El panorama es complejo pues se ven afectadas más de 27 mil personas que se encuentran confinadas en el lugar y sin la posibilidad de movilizarse ya que desde la guerrilla también se realizó una advertencia a la población indicando “abstenerse de moverse para evitar incidentes”.
En respuesta a lo acontecido, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, se pronunció y considera el acto como una “deslealtad con los acuerdos” que se llevan a cabo en La Habana en su sexto ciclo de conversaciones.
Asimismo, considera que las acciones adelantadas por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN representan una amenaza a la vida, amenaza a la vida, los derechos, la libertad de los habitantes, el ejercicio democrático y el mandato de las autoridades comunitarias.
La guerrilla a través de un comunicado indica que mantienen el “control” de Istmina, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Sipí y Nóvita. Aquellas comunidades que residen sobre el río San Juan se ven mayormente afectados ya que se limitan sus actividades económicas y cotidianas debido al confinamiento.
Además, justifican el motivo del paro armado alegando que la situación humanitaria en el departamento es precaria y que el ‘Clan del golfo’ ha venido haciendo presencia buscando expandirse en esta región.
