Este 15 de septiembre, más de 1.700 atletas de 23 países participaran en el triatlón, competencia de nivel olímpico, regresando por segunda vez a Colombia, en especial en la ciudad de Cartagena. Esta prueba inicia desde la Bahía de Las Ánimas, seguida de un recorrido en bicicleta de 40 kilómetros en la Vía del Mar desde el Parque de La Marina, terminando con una carrera de 10 kilómetros por las históricas calles de Cartagena, finalizando en la Plaza de la Aduana, donde será la premiación. Por lo tanto, el departamento de Tránsito y Transporte adoptó medidas que permitan la realización de la prueba y la circulación de la ciudadanía durante este evento. El cierre temporal será desde las 5:00 AM en las avenidas Blas de Lezo, Venezuela, Santander, calzada sentido Bocagrande – Túnel de Crespo, carrera 8B (Camellón de los Mártires), y Calles de Centro y San Diego y la carrera segunda (cordón amurallado). Se habilitará la calzada sentido Bocagrande – Crespo, desde semáforo de intersección con Avenida Blas de Lezo, hasta el puente del Túnel de Crespo. Los vehículos podrán tomar la carrera primera hacia Crespo o Aeropuerto Rafael Núñez.

La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el interventor a cargo de las obras de restauración del Palacio de la Proclamación en Cartagena. Se le acusa de haber aceptado dichas obras, adscritas a la Gobernación de Bolívar, a pesar de que no se encontraban completamente terminadas. El señalado es Rafael Eduardo Zamora Melo, representante legal de la firma Intercabildo, encargada de la interventoría. Se le atribuye una posible omisión en su deber de supervisión, dado que las obras, en las que se invirtieron 47.863 millones de pesos provenientes de regalías, no habrían sido debidamente vigiladas durante su ejecución. De acuerdo con la Procuraduría, Zamora Melo firmó un acta de recibo de las obras el 9 de enero de 2020, certificando que estaban completadas, a pesar de que aún no se habían cumplido todos los términos del contrato. Más adelante, en diciembre de 2020, se firmó el acta de finalización del contrato, persistiendo aparentes incumplimientos. El auto de cargos indica que al haber certificado la obra como finalizada sin que estuviera totalmente ejecutada, Zamora Melo habría incumplido con su deber como representante legal de la firma interventora, quien temporalmente desempeñaba una función pública. Esta conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de dolo.